La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, presidida por el legislador correísta Fernando Cedeño, tiene previsto reunirse el martes 25 de febrero de 2025 para dar inicio a un proceso de fiscalización sobre presuntas irregularidades en la empresa Petronoboa S.A.S., denunciadas por el excandidato presidencial Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
Comparecencias clave en la investigación
Para el análisis del caso, la Comisión ha convocado a varias autoridades y funcionarios del sector energético y tributario, entre ellos:
- Pedro Granja, en calidad de denunciante.
- Inés Manzano, ministra de Energía y Minas.
- Guillermo Vinueza, director ejecutivo (e) de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
- Diego Cofre, coordinador de Asesoría Jurídica de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.
- José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública.
- Damián Larco, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI).
Las acusaciones contra Petronoboa
La denuncia presentada por Granja el 6 de febrero de 2025, durante el cierre de su campaña presidencial, sostiene que Petronoboa S.A.S. habría comprado más de 3’763.000 galones de combustible subsidiado a Petroecuador, mientras que menos de cien galones habrían sido adquiridos a precio regular, generando un supuesto perjuicio económico de aproximadamente $4 millones.
Además, el excandidato denunció que el SRI habría anulado 6.800 facturas en un solo día, lo que podría evidenciar irregularidades en el manejo contable y tributario de la empresa.
Delitos en investigación
La sesión de la Comisión de Justicia, convocada para las 09:00 en modalidad presencial, se desarrolla a solicitud del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Leonardo Berrezueta, quien acogió la denuncia bajo el supuesto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Este proceso marca un nuevo capítulo en el escrutinio del sector energético en Ecuador, mientras la Asamblea busca esclarecer el impacto de estas presuntas irregularidades en las finanzas del Estado.
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