El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado los últimos vestigios de control institucional en Nicaragua, consolidando un régimen autoritario basado en la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. Así lo denuncia un informe presentado este miércoles, 26 de febrero de 2025, por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, en el que se detalla cómo el Estado nicaragüense ha intensificado su maquinaria de persecución tanto dentro como fuera del país.
Por primera vez, la investigación de la ONU ha reunido pruebas concluyentes que involucran al Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas de 2018, en las que más de 300 personas murieron. Hasta ahora, las fuerzas armadas habían negado su participación en la brutal ofensiva contra la disidencia.
«El Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión. Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población», advirtió Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos.
El fin del Estado de derecho
El golpe definitivo a las instituciones nicaragüenses llegó la semana pasada, cuando entró en vigor una reforma constitucional que eliminó los últimos controles sobre el Ejecutivo. Según el informe, el Poder Judicial, el Legislativo y el Consejo Electoral han quedado subordinados directamente a la Presidencia, convirtiéndose en simples «órganos coordinados» por Ortega y Murillo.
El documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, expone un organigrama del aparato represivo que controla el país. En este se detalla cómo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia operan bajo una estricta jerarquía para silenciar cualquier tipo de disidencia.
Además, la represión ha cruzado fronteras. Hasta ahora, 452 nicaragüenses han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad, la mayoría de ellos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. En la última acción de este tipo, 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala como apátridas en septiembre de 2024.
«Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo», denunció Ariela Peralta, integrante del Grupo de Expertos de la ONU.
Crímenes de lesa humanidad y posibles sanciones
El informe señala que el patrón de persecución política, detenciones arbitrarias y expulsión de opositores configura crímenes de lesa humanidad. Por ello, los expertos han elaborado una lista de altos funcionarios responsables, encabezada por Ortega y Murillo. La nómina será publicada antes del 4 de abril, cuando concluya la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, para dar a los implicados la oportunidad de responder.
El Grupo también alerta sobre la pasividad de la comunidad internacional, advirtiendo que la inacción «fortalece al régimen y prolonga el sufrimiento del pueblo nicaragüense». Como respuesta, recomienda que se tomen medidas concretas, entre ellas:
- Acciones legales contra el Gobierno de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
- Sanciones específicas contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
- Procesos de asilo expeditos y el reconocimiento de títulos profesionales para los exiliados nicaragüenses.
Con este informe, la ONU reitera que Nicaragua vive una crisis sin precedentes, con un gobierno que ha clausurado todas las vías democráticas y ha convertido la represión en un pilar fundamental de su permanencia en el poder.
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