Ecuador enfrenta una crisis institucional que se ha convertido en un problema estructural. La constante inestabilidad en los organismos de control, la cooptación de la justicia por intereses políticos y delictivos, la falta de acuerdos entre los poderes del Estado y el deterioro de servicios esenciales como la educación y la salud han generado un escenario de desconfianza en las instituciones.
El constitucionalista José Chalco-Salgado advierte que el problema no es nuevo. “La historia da cuenta de que Ecuador es un Estado que siempre ha tenido idas y venidas en el irrespeto al ordenamiento jurídico. Y eso pasa por el mismo defecto: que el poder político ha buscado tomarse la institucionalidad, no servir desde ella”, sostiene.
La situación se refleja en casos como los escándalos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo clave en la designación de autoridades de control, cuyos integrantes han sido removidos en juicios políticos. A esto se suman las investigaciones que han destapado la penetración del crimen organizado en el sistema judicial, con jueces y fiscales involucrados en redes de corrupción expuestas en casos como Metástasis, Purga, Plaga y Pantalla.
Pero el desgaste institucional también se traduce en la incapacidad del Ejecutivo y el Legislativo para trabajar de manera coordinada, lo que ha sumido al país en una permanente pugna de poderes.
Un país que exige cambios profundos
La desconfianza en el sistema es evidente en los resultados de la encuesta Latinobarómetro 2024, donde se consultó a ciudadanos de 18 países de la región sobre la necesidad de cambios en sus sociedades.
En Ecuador, solo un 2 % considera que el país “está bien como está”, mientras que el 71 % cree que se requieren cambios profundos o radicales para transformar el sistema.
Los datos reflejan un descontento generalizado con el funcionamiento del Estado y una demanda ciudadana por reformas estructurales que vayan más allá de simples ajustes normativos.
Noboa y González: dos visiones sobre la institucionalidad
Ante este panorama, las principales figuras políticas del momento, Daniel Noboa (ADN, lista 7) y Luisa González (Revolución Ciudadana-RETO, listas 5-33), coinciden en la necesidad de una reforma institucional, pero proponen caminos distintos para lograrla.
Las propuestas de Noboa
El presidente y candidato a la reelección ha manifestado en campaña su intención de impulsar una Asamblea Constituyente para realizar modificaciones estructurales a la Constitución, aunque en su plan de gobierno registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) no detalla el mecanismo.
Noboa ha mencionado cambios en prisión preventiva, justicia penal y eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Entre sus propuestas destacan:
Fortalecer las instituciones públicas y garantizar la transparencia.
Modernizar la gestión pública mediante digitalización y optimización de trámites.
Impulsar la independencia de los organismos de control para investigar la corrupción sin interferencias.
Promover la participación ciudadana en el control del Estado.
La estrategia de González
Por su parte, la candidata de Revolución Ciudadana propone reformas legislativas para recuperar la institucionalidad, aprovechando la mayoría parlamentaria de su movimiento.
En su plan de gobierno se plantea:
Un proceso constituyente participativo, aunque González ha señalado que no es prioritario en este momento.
Garantizar la independencia de funciones del Estado mediante compromisos de imparcialidad en la justicia.
Evitar la intromisión de poderes fácticos en la administración de justicia.
Impulsar una reforma electoral para mejorar la representatividad y legitimidad del gobierno.
Sin embargo, la candidata no ha descartado una Constituyente a futuro. Su postura ha sido matizada en función de sus acuerdos políticos, ya que Pachakutik, uno de sus aliados recientes, ha solicitado no avanzar en ese proceso.
¿Es necesaria una Asamblea Constituyente?
La Constitución ecuatoriana contempla tres vías para su modificación:
- Enmienda, para cambios menores sin alterar la estructura del Estado ni restringir derechos.
- Reforma parcial, cuando se modifican aspectos estructurales sin afectar derechos fundamentales.
- Asamblea Constituyente, si se pretende reestructurar el Estado o restringir derechos.
El constitucionalista Héctor Muñoz señala que no es el momento para una Constituyente, ya que el país enfrenta problemas urgentes como la inseguridad, crisis económica y deterioro de servicios básicos. En su opinión, la prioridad debe ser fortalecer el Estado con reformas legales y una gestión eficiente.
Por otro lado, José Chalco-Salgado considera que la crisis requiere una reestructuración profunda, pero advierte que no debe ser solo un discurso de campaña, sino un proceso bien planificado con consenso social.
¿Hacia dónde va el país?
Ecuador se encuentra en una encrucijada institucional. Mientras la ciudadanía exige cambios profundos, el debate político oscila entre reformas parciales y una transformación estructural del Estado.
La pregunta clave es si el próximo gobierno logrará blindar la democracia, generar estabilidad y recuperar la confianza en las instituciones o si, por el contrario, el país seguirá atrapado en un ciclo de crisis sin soluciones de fondo.
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