El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado que, de ser reelegido, impulsará la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el objetivo de «refundar el país» y redactar una nueva Constitución. Sin embargo, juristas y constitucionalistas advierten que esta iniciativa no solo es innecesaria en este momento, sino también riesgosa, costosa y prolongada, en un contexto en el que Ecuador necesita estabilidad política y recuperación económica.
Constitucionalistas como José Chalco, Verónica Morales y Tanya Torres coinciden en que la Corte Constitucional (CC) es poco probable que apruebe el pedido presidencial. La historia reciente respalda este análisis: en casi una decena de ocasiones, el máximo órgano de control constitucional ha rechazado solicitudes similares provenientes de diversos sectores de la sociedad civil.
“La Corte ha sido clara en sus dictámenes”, señala Tanya Torres. “En 2024 afirmó que una Asamblea Constituyente no es un simple cambio de artículos, sino una refundación del Estado, y exige requisitos jurídicos sólidos. Si no hay una justificación adecuada, la CC no lo permitirá”.
Además del posible rechazo legal, el proceso sería largo y costoso. Para que una nueva Constitución sea aprobada, los ecuatorianos tendrían que atravesar al menos tres procesos electorales: la elección de los asambleístas constituyentes, el desarrollo de la nueva Carta Magna y finalmente un referéndum para su aprobación. Y aun así, el resultado no está garantizado. El ejemplo de Chile, donde en 2023 se rechazó el texto propuesto por una Convención Constituyente, es citado como un antecedente relevante.
Reformas parciales: la vía más viable
Frente a la propuesta de Noboa, los expertos recomiendan una alternativa menos compleja: reformas parciales a la actual Constitución. Estas requieren solo una mayoría calificada en la Asamblea Nacional —77 votos— y la convocatoria a un referéndum, evitando la disolución institucional y el costo político de una refundación completa.
“La Asamblea Constituyente es el camino más gravoso para reformar un Estado”, advierte Torres. “Incluso podría abrir la puerta a retrocesos en materia de derechos y garantías, algo que preocupa profundamente”.
Verónica Morales alerta también sobre el impacto económico que un proceso constituyente podría generar. “Impulsar una nueva Constitución implicaría al menos un año y medio de incertidumbre política, lo cual frenaría el tímido repunte económico que el país ha empezado a experimentar tras el último ciclo electoral”.
¿Una Constituyente necesaria, pero inoportuna?
Aunque José Chalco coincide con el presidente en que Ecuador necesita reformas profundas, cuestiona el momento y la forma en que se plantea el proceso. Según él, sin un proyecto constitucional previo que pueda debatirse públicamente, la propuesta corre el riesgo de ser cooptada por actores interesados en debilitar la democracia.
“La convocatoria a una Constituyente sin un texto base es imprudente”, señala. “Esa prisa podría estar motivada por grupos que buscan apoderarse de las instituciones, desmantelar los contrapesos democráticos e instaurar una agenda que responda más al crimen organizado que al interés ciudadano”.
Chalco plantea que el debate debería centrarse en reformas concretas: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), retornar a una estructura tripartita del poder público, reformar el Consejo de la Judicatura, y reducir el número de legisladores instaurando un sistema bicameral.
Una historia de constantes reinicios
Desde su fundación en 1830, Ecuador ha tenido 20 constituciones. En promedio, el país ha redactado una nueva Carta Magna cada década. Para los expertos, este ciclo de “reinicios” institucionales ha dificultado la construcción de una cultura jurídica estable y una democracia sólida.
“Es fundamental preservar los avances en derechos y garantías logrados en los últimos 15 años”, añade Morales. “Cualquier reforma debe partir del respeto a los principios constitucionales y al desarrollo jurisprudencial alcanzado por la Corte Constitucional”.
En medio de un clima político frágil y una economía aún en recuperación, la propuesta del presidente Noboa abre un nuevo frente de debate: ¿refundar el país desde cero o corregir lo que no funciona con los mecanismos existentes?
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