El debate sobre la reforma a la Ordenanza que regula el uso, gestión y aprovechamiento del suelo urbano y rural, así como la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y la sanción del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), entra en su fase decisiva. La propuesta, compuesta por 110 artículos, 15 disposiciones derogatorias, una general y una transitoria, se encuentra en la etapa final antes de ser presentada al Concejo Cantonal para su segundo y definitivo debate.
Tanto el PDOT como el PUGS son instrumentos fundamentales para la planificación territorial. El primero define las directrices del desarrollo cantonal a largo plazo, mientras que el segundo regula los usos del suelo, buscando ordenar el crecimiento de manera estructurada, sostenible y equitativa.
No obstante, algunos artículos han despertado preocupación, particularmente el artículo 46, en sus literales m y n, donde se identificaron errores de interpretación relacionados con la prescripción y el fraccionamiento de predios.
El alcalde responde a inquietudes comunitarias
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se pronunció sobre estos puntos durante una reunión con habitantes de la comuna Gualalcay, en la parroquia El Valle. Allí confirmó que los literales controversiales fueron eliminados del texto final.
“Este proyecto no establece un lote mínimo rural, y en el caso de urbanizaciones se aplicará el porcentaje mínimo previsto por el COOTAD”, aclaró el alcalde, en referencia al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Zamora también respondió a la solicitud de integrar la justicia indígena en la resolución de conflictos comunales, destacando su respeto por la autonomía de las comunidades. Se comprometió a trasladar la propuesta al Concejo Cantonal y organizar una mesa de trabajo en la zona para atender las demandas locales.
Críticas desde el ámbito jurídico
Desde el sector legal, Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados del Azuay, advirtió que la reforma presenta limitaciones importantes en cuanto a participación ciudadana. En su análisis del artículo 2, que define la visión territorial de Cuenca, señaló que esta “debería construirse con el aporte de todos los ciudadanos”.
“El sistema de participación ciudadana, contemplado en el artículo 304 del COOTAD y el artículo 96 de la Constitución, ha sido reemplazado de hecho por procesos de socialización que no cumplen los mismos estándares”, cuestionó.
Calle también recordó que la ordenanza no puede regular la propiedad de la tierra —materia reservada por el Código Civil y la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales—, sino únicamente autorizar usos y edificaciones.
Además, subrayó que según el principio de reserva legal establecido en el artículo 76 de la Constitución, las infracciones y sanciones deben ser establecidas por ley, no por ordenanza municipal.
Tensiones entre lo urbano y lo rural
Uno de los puntos más sensibles es la aplicación de normas urbanas al contexto rural. Calle advirtió que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs) solo se aplica a zonas urbanas o de expansión, y que su extensión al área rural genera distorsiones.
“El fraccionamiento rural está vinculado históricamente a procesos de herencia, donación o producción agrícola, no a urbanizaciones. Pero se exige ahora a los propietarios ceder entre un 15 y un 35 % de sus terrenos, incluso ejecutar infraestructura vial, como si se tratara de desarrollos urbanos”, denunció.
Una reforma con objetivos técnicos claros
Desde una perspectiva técnica, Patricio Ullauri, arquitecto e investigador en planificación urbana, valoró positivamente la reforma como una oportunidad para corregir errores del modelo anterior y avanzar hacia una planificación más coherente.
“La reforma mejora la protección de ecosistemas estratégicos, al limitar actividades en zonas de recarga hídrica. También define con mayor precisión el uso del suelo para vivienda social, espacios públicos y áreas verdes, promoviendo un reparto más justo del territorio”, sostuvo.
Según Ullauri, estos instrumentos permiten una mejor gestión del riesgo y previenen edificaciones en zonas de alta vulnerabilidad como pendientes pronunciadas o áreas propensas a deslizamientos. Añadió que uno de los objetivos centrales es consolidar un modelo territorial resiliente ante desafíos como el cambio climático, la movilidad y el crecimiento urbano no planificado.
Falta de consulta: un riesgo para la legitimidad
No obstante, el arquitecto también alertó sobre el riesgo de aprobar reformas sin una consulta profunda y efectiva con la ciudadanía. Señaló que algunas zonas que antes eran consideradas aptas para construcción han sido reclasificadas como áreas de conservación, lo que ha generado malestar e incertidumbre entre los propietarios.
“Las restricciones no siempre se comunican de manera clara. Esto provoca conflictos cuando los ciudadanos intentan solicitar permisos y descubren que su uso del suelo ha cambiado sin previo aviso”, explicó.
Ullauri concluyó que, aunque la participación ciudadana forma parte del proceso legal, “en la práctica no siempre se recoge adecuadamente la diversidad de opiniones, especialmente en las zonas rurales y periféricas”.
A medida que el Concejo Cantonal se prepara para debatir el texto final, la discusión sobre el modelo de ciudad que se quiere para Cuenca sigue abierta. Entre la necesidad de planificación ordenada y los reclamos de derechos ciudadanos, la reforma deberá equilibrar técnica, legalidad y legitimidad para tener éxito.
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