El Gobierno Nacional, a través de la Coordinación Zonal Norte del Ministerio de Energía y Minas, resolvió suspender las actividades de exploración y explotación minera en cuatro concesiones ubicadas en la provincia de Napo, tras comprobarse múltiples incumplimientos a la normativa ambiental vigente.
La medida, formalizada mediante la Resolución Nro. MEM-CZN-2025-0027-RM, afecta a las concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, todas ellas pertenecientes al proyecto minero Tena, operado por la empresa TERRAEARTH RESOURCES S.A.
Según la información oficial, la decisión se basó en informes técnicos emitidos por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), los cuales revelaron incumplimientos en el plan de manejo ambiental aprobado, así como violaciones a las condiciones estipuladas en la licencia ambiental vigente.
Suspensión indefinida hasta cumplir con remediación
La suspensión de las operaciones estará vigente hasta nuevo aviso, y su levantamiento dependerá del cumplimiento estricto de las medidas de remediación ambiental impuestas por las autoridades competentes. Para que el proyecto pueda reactivarse, el MAATE deberá levantar previamente la suspensión de la licencia ambiental, conforme lo estipulan los artículos 58, 70 y 79 de la Ley de Minería.
Durante este período, TERRAEARTH RESOURCES S.A. está obligada a implementar acciones correctivas y de reparación ambiental bajo la supervisión del MAATE y del Ministerio de Energía y Minas, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución del Ecuador y en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
Gobierno reitera compromiso con minería responsable
En un comunicado oficial, el Gobierno Nacional subrayó que esta decisión refleja su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de control ambiental y vigilancia minera, con el objetivo de garantizar una industria extractiva que opere con responsabilidad social, respeto a la biodiversidad y consideración por los derechos de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia.
“El Estado continuará ejerciendo una supervisión rigurosa para asegurar que toda actividad minera se desarrolle dentro del marco legal y con apego absoluto a los estándares ambientales”, precisó el pronunciamiento.
La suspensión de estas concesiones se enmarca en una creciente presión social y ambiental en la Amazonía ecuatoriana, donde líderes comunitarios, organizaciones indígenas y colectivos ambientalistas han denunciado reiteradamente los impactos de la minería sobre los ecosistemas y modos de vida tradicionales.
Por ahora, las operaciones de TERRAEARTH RESOURCES S.A. en Napo quedarán paralizadas, mientras se evalúa su capacidad para enmendar las infracciones detectadas y cumplir con los requerimientos ambientales impuestos por las autoridades.
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