A solo cuatro días de la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública, la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó este 30 de junio una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC). El gremio sostiene que la norma no solo afecta derechos fundamentales, sino que también fue aprobada sin respetar el debido proceso legislativo.
En declaraciones a la prensa, Andrés Quishpe, presidente nacional de la UNE, explicó que la demanda se basa en aspectos de forma y fondo. Por un lado, denuncia la falta de unidad de materia, ya que el texto aprobado por la Asamblea Nacional difiere sustancialmente del proyecto remitido inicialmente por el Ejecutivo. Además, se incorporaron reformas a más de 20 leyes, afectando derechos de trabajadores, mujeres, niños y adolescentes.
Reformas polémicas
Quishpe advirtió que algunos artículos vulneran derechos adquiridos, como la compensación jubilar para servidores públicos. Según explicó, antes se podía acceder a la jubilación voluntaria a los 60 años con al menos 360 aportes al IESS. Con la nueva normativa, ese derecho se posterga hasta los 65 años, afectando a cientos de trabajadores del sector público.
Otro punto de controversia es la reforma relacionada con la evaluación de los servidores públicos, que —a criterio de la UNE— introduce un enfoque punitivo y elimina la estabilidad laboral, abriendo paso a despidos arbitrarios bajo el pretexto de “ineficiencia”.
En cuanto a los menores en conflicto con la ley, Quishpe cuestionó las disposiciones que, según dijo, permiten que adolescentes infractores sean sancionados como adultos, lo que considera un intento de criminalizar a las víctimas del reclutamiento por parte de grupos delictivos, en lugar de perseguir a los verdaderos responsables. “Es fácil detener a los menores y pedirles información, en lugar de ir directamente contra quienes lavan dinero o lideran bandas en el país”, denunció.
Movilización convocada
Ante este escenario, la UNE solicitó a la Corte Constitucional que suspenda de forma inmediata la aplicación de los artículos que afectan derechos fundamentales, en especial los relacionados con estabilidad laboral y jubilación.
Además, llamó a las organizaciones sociales a sumarse a la acción legal con nuevas demandas, argumentando que la Ley de Integridad Pública constituye un “paquete regresivo” que trastoca el marco jurídico vigente en perjuicio de amplios sectores de la población.
La UNE anunció una movilización nacional para el próximo 11 de julio, frente a la sede de la Corte Constitucional, donde se exigirá un pronunciamiento urgente que frene la aplicación de esta norma mientras se resuelve la demanda de inconstitucionalidad.
“El país no puede aceptar que bajo el pretexto de la integridad pública se desmonten derechos conquistados por décadas. Esto no es solo un error jurídico, es un retroceso democrático”, concluyó Quishpe.
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