La jueza penal 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitió un fallo sin precedentes en la historia judicial de Colombia: declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, mientras lo absolvió de un tercer cargo por soborno simple. La decisión, tomada en primera instancia, ha sacudido el escenario político nacional, ya que convierte a Uribe en el primer exjefe de Estado colombiano hallado culpable en un juicio penal.
El veredicto, leído tras una audiencia de casi 11 horas, concluye un proceso judicial que se ha extendido por más de 13 años, iniciado en 2012 cuando Uribe denunció al entonces congresista Iván Cepeda. Paradójicamente, esa denuncia dio pie a que la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación contra el propio Uribe, la cual pasó a la jurisdicción ordinaria luego de que este renunciara a su fuero como senador en 2020.
La jueza Heredia sustentó su fallo en un documento de más de 1.000 páginas, en el que se detalla cómo el expresidente, a través de su abogado Diego Cadena, y con la participación de otras figuras como Álvaro Hernán Prada y Enrique Pardo Hasche, habría buscado manipular testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.
La defensa anuncia apelación
El equipo legal de Uribe, encabezado por los reconocidos abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, ha anunciado que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. Según el abogado penalista Rogelio Roldán Álvarez, consultado por Infobae Colombia, mientras el proceso no haya agotado todas las instancias, la presunción de inocencia sigue vigente.
“El fallo no está ejecutoriado y, por tanto, el expresidente aún no ha sido vencido en juicio en términos definitivos”, explicó Roldán. El jurista señaló que, tras la apelación, el tribunal podrá confirmar, modificar o revocar la sentencia. Además, existe la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y eventualmente solicitar beneficios como prisión domiciliaria, dada la edad del expresidente y la naturaleza de los delitos.
Riesgo de prescripción
Uno de los elementos más delicados del caso es el posible riesgo de prescripción, si la segunda instancia no resuelve antes del 8 de octubre de este año. Según el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal, el término de prescripción se suspende únicamente con una sentencia de segunda instancia emitida en tiempo. Si el fallo no se produce dentro del plazo, el proceso prescribiría, no por absolución, sino por vencimiento de los términos legales.
Reacciones políticas y jurídicas
El fallo generó reacciones inmediatas. El presidente Gustavo Petro pidió respeto por las decisiones judiciales: “Los jueces no se presionan”, afirmó. La Defensoría del Pueblo, por su parte, también hizo un llamado a la sociedad para respetar la independencia judicial y el debido proceso.
El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, celebró la decisión de la jueza Heredia, asegurando que se trata de un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia.
Por su parte, la defensa de Uribe mantiene firme su postura de inocencia y asegura que agotará todos los recursos legales disponibles. “Todavía hay mucho camino por recorrer y el derecho a una defensa plena debe garantizarse hasta el final”, concluyó el abogado Roldán.
Un juicio que marca historia
El caso contra Álvaro Uribe —quien fue presidente entre 2002 y 2010— ha polarizado a la opinión pública y representa un punto de inflexión para el sistema judicial colombiano. Más allá del fallo de primera instancia, el proceso reabre el debate sobre la independencia de la justicia, la responsabilidad política, y el peso simbólico de llevar a juicio a un expresidente en funciones.
A la espera del fallo en segunda instancia, el caso se mantiene como uno de los más relevantes en la historia contemporánea de Colombia.
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