Treinta y cuatro organizaciones de la sociedad civil, entre fundaciones, corporaciones y redes, han expresado su profunda preocupación por la aprobación de la Ley de Transparencia Social, que se ratificó el 26 de agosto de 2025 en la Asamblea Nacional. Según estas organizaciones, la nueva legislación pone en riesgo la confianza pública en el sector social y podría amenazar la continuidad de proyectos esenciales para el bienestar social y el desarrollo democrático del país.
En un comunicado emitido el 27 de agosto, los grupos denunciaron que durante los debates en el Parlamento, representantes del oficialismo presentaron a las organizaciones sociales como sospechosas de involucrarse en actividades ilícitas, específicamente en el lavado de activos, sin aportar evidencia sólida que respalde estas acusaciones. Las organizaciones lamentaron que este discurso estigmatizante afectó gravemente la imagen del sector social.
“A lo largo de las intervenciones de las y los asambleístas, se mencionó el lavado de activos utilizando datos sin sustento, sin informes confiables o pruebas empíricas que demuestren que las organizaciones estén involucradas en tales actividades”, señala el pronunciamiento.
Preocupaciones sobre la Ley de Transparencia Social
Las organizaciones señalaron varios puntos críticos de la ley, destacando cómo los cambios introducidos afectan la libertad de asociación y ponen barreras a la acción de organizaciones clave en el fortalecimiento democrático y la lucha contra la pobreza. Entre las preocupaciones principales, mencionaron:
- Falta de Debate Técnico y Social: La norma fue tramitada con demasiada prisa, sin un debate adecuado sobre sus implicaciones sociales y técnicas.
- Exigencias Administrativas Desproporcionadas: La obligación de presentar reportes financieros trimestrales con estándares contables similares a los de sociedades mercantiles genera cargas administrativas y económicas excesivas, imposibles de cumplir para muchas organizaciones comunitarias, rurales y de base que operan con presupuestos limitados y trabajo voluntario.
- Incorporación de Temas Irrelevantes: La ley incluye temas como minería, impuestos y rendición de cuentas de altos funcionarios, que no tienen relación con el objetivo principal de la norma.
- Causales de Disolución: El artículo sobre disolución permite el cierre de organizaciones por «incumplimientos graves» (como la inactividad o la negativa a rendir cuentas), lo que abre un margen para interpretaciones arbitrarias y sanciones desproporcionadas.
Ante estos puntos, las organizaciones advirtieron que la nueva ley limita las posibilidades de obtener financiamiento de actores privados y cooperación internacional, lo que afectaría la sostenibilidad de proyectos sociales y de derechos humanos en el país.
Demanda de Inconstitucionalidad y Acción Internacional
En respuesta a estos cambios, las organizaciones anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) y buscarán apoyo de organismos internacionales de derechos humanos para exponer sus preocupaciones. Además, pidieron ser consultadas en la formulación del Reglamento de la Ley de Transparencia, para garantizar que la norma no afecte los derechos fundamentales de las organizaciones.
Entre las organizaciones que suscribieron el comunicado están Fundamedios, la Coalición Nacional de Mujeres, la Fundación Caje, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, el Observatorio de Derechos y Justicia y la Red Nacional de Organizaciones Cooperantes del MIES, entre otras.
La Ley de Transparencia Social
La Ley de Transparencia Social fue uno de los proyectos de ley urgentes enviados por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, y fue aprobada con 78 votos a favor. El 28 de agosto, la normativa fue publicada en el Registro Oficial, por lo que entró en vigor de inmediato en el país.
Esta ley, que se presenta como una herramienta para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en las organizaciones de la sociedad civil, ha generado un fuerte rechazo por parte del sector social, que asegura que la normativa pone en peligro la libre acción de las organizaciones y podría afectar su capacidad operativa.
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