La tensión social en Cuenca y la provincia del Azuay vuelve a encenderse con fuerza. La minería, una actividad que ha dividido por años a comunidades, autoridades, empresas y gobiernos, está nuevamente en el centro del debate. Este 16 de septiembre, una nueva marcha en la capital azuaya buscará evidenciar el rechazo mayoritario de la población frente al proyecto minero Loma Larga, operado por la canadiense Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador.
Una provincia que resiste
Los habitantes de Cuenca y zonas rurales como Tarqui, donde recientemente se bloqueó la Panamericana Sur en señal de protesta, han manifestado una vez más su oposición al avance de la minería metálica en zonas consideradas estratégicas para el abastecimiento hídrico. La preocupación ambiental es el eje del conflicto. El proyecto Loma Larga se encuentra en un área de páramo y fuentes de agua que abastecen a la ciudad y sus alrededores.
Frente a este escenario, las empresas concesionarias insisten en que su actividad cumple con todos los parámetros legales y técnicos. El Estado, por su parte, sostiene que una minería regulada es preferible a la proliferación de explotaciones ilegales, que ya generan impactos graves y descontrolados.
Sin embargo, la ciudadanía parece no estar convencida. El conflicto se ha politizado y se ha convertido en un terreno fértil para disputas ideológicas, ambientales y electorales. El rechazo a la minería se ha transformado en una bandera de identidad regional.
Loma Larga: una historia de larga data
El proyecto Loma Larga no es nuevo. Su historia se remonta a 2001, cuando, bajo el gobierno de Gustavo Noboa, se otorgaron las primeras concesiones. A lo largo de seis gobiernos —incluidos los de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa— la iniciativa ha avanzado entre licencias, evaluaciones, recursos judiciales y resistencia social.
En 2004 se confirmó el hallazgo de un yacimiento con 926.000 onzas de oro, además de plata y cobre. En 2009, bajo Correa, se emitió un certificado de no afectación a cuerpos hídricos. Desde entonces, las etapas de exploración y evaluación han progresado con intermitencias.
Uno de los hitos más importantes ocurrió en 2022, cuando organizaciones sociales presentaron una acción de protección, denunciando la falta de consulta previa. La Corte de Justicia de Azuay dio la razón a los activistas y ordenó medidas de reparación, incluyendo procesos de consulta ambiental y previa, libre e informada. Estas consultas se desarrollaron entre octubre de 2024 y mayo de 2025.
Pese a ello, en junio de este año, el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental para la fase de explotación, lo que reavivó el rechazo ciudadano y generó una fuerte ola de críticas. En agosto, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ordenó suspender temporalmente las actividades hasta que la empresa socialice, de forma clara, su plan de manejo ambiental.
Silencio empresarial y disputas políticas
La Cámara de Minería de Azuay, presidida por Patricio Vargas, ha optado por el silencio. Aseguran que no desean «alimentar la animadversión» hacia el sector. “La minería formal está siendo injustamente juzgada”, apuntó Vargas en declaraciones pasadas.
El conflicto también ha tenido derivaciones políticas. El presidente Daniel Noboa y autoridades afines a su gestión han sido señalados por sectores ambientalistas y opositores. Sin embargo, como señalan los registros históricos, la problemática minera trasciende a un solo gobierno y ha sido una constante en los últimos 25 años.
Río Blanco y Ruta del Cobre: otras piezas del rompecabezas
Además de Loma Larga, otros proyectos mineros en Azuay enfrentan situaciones complejas. El caso de Río Blanco, operado por la empresa china Junefield Ecuagoldmining, permanece paralizado desde 2018 tras fuertes protestas sociales que incluyeron la destrucción de campamentos e infraestructura. La empresa ha demandado al Estado ecuatoriano por 480 millones de dólares, alegando incumplimientos contractuales y falta de garantías.
Otro proyecto relevante es Ruta del Cobre, en Chaucha, operado por una filial del Grupo México. Aunque en años anteriores se realizaron fuertes inversiones, actualmente sus operaciones están suspendidas por “fuerza mayor”, de acuerdo con la propia empresa.
Medidas municipales: reversión de terrenos
La disputa también ha alcanzado el plano municipal. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, anunció recientemente la reversión de la incorporación de 140 hectáreas al catastro municipal a favor de DPM Ecuador. Argumentó inconsistencias técnicas y señaló que la ampliación afecta zonas de recarga hídrica fundamentales para la ciudad.
El exalcalde Pedro Palacios respondió con documentos que, según él, prueban que no hubo autorización para dicha ampliación durante su gestión. Acusó a Zamora de lanzar acusaciones infundadas y politizar un tema técnico y jurídico.
Un conflicto sin cierre a la vista
El caso Loma Larga es un ejemplo paradigmático de cómo los intereses económicos, las decisiones estatales, la defensa del ambiente y los derechos de las comunidades pueden entrar en colisión directa. Más allá de las posturas, el debate refleja una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia los procesos oficiales y hacia las promesas del desarrollo minero.
Mientras tanto, Cuenca se prepara para una jornada de protesta que promete ser masiva. La resistencia sigue viva, y el desenlace de este prolongado conflicto aún parece lejano.
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