La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este viernes 12 de septiembre de 2025, con ocho votos a favor, el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, quinto proyecto económico urgente remitido por el presidente Daniel Noboa al Legislativo.
La propuesta legislativa aborda la situación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC), administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), así como la gestión de fideicomisos y mecanismos para dotar de liquidez a estas entidades.
Ejes principales
El presidente de la comisión, Diego Franco, explicó que el informe recoge disposiciones relacionadas con la cartera hipotecaria, quirografaria y prendaria; la administración de fideicomisos; la transición de los fondos previsionales; y la remoción de altos cargos en el IESS.
“Este informe no se construyó a puerta cerrada; se ha escuchado no solo a personas que están a favor, sino también a legisladores que han manifestado discrepancias”, señaló Franco, quien además destacó la revisión de la normativa en concordancia con el artículo 372 de la Constitución sobre los fondos previsionales públicos.
Situación del Biess
El documento aprobado alerta sobre la crisis en la administración de los FCPC y la “alarmante inmovilización de capital” en negocios fiduciarios.
Actualmente, el Biess administra alrededor de 310 millones de dólares pertenecientes a 46.248 partícipes. Sin embargo, esta gestión ha generado pérdidas sistemáticas: en 2024 los costos operativos ascendieron a 221,7 millones de dólares, mientras que los ingresos por comisiones fueron de apenas 102,1 millones.
El informe advierte también que 310,6 millones de dólares permanecen invertidos en 36 fideicomisos distribuidos en 14 provincias. El 59,7 % corresponde a proyectos inmobiliarios y el 39,4 % a fideicomisos estratégicos, una parte significativa de los cuales se mantiene sin generar liquidez.
Próximos pasos
El informe pasará al Pleno de la Asamblea la próxima semana para su primer debate. Antes de su aprobación, la comisión receptó 17 observaciones presentadas por ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados.
El ponente del informe es el legislador Diego Franco, presidente encargado de la mesa legislativa que tramitó el proyecto.
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