El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, confirmó que no seguirá adelante con el proyecto minero Loma Larga, ubicado en los cantones Cuenca y San Fernando, en la provincia del Azuay. El anuncio lo hizo en una entrevista con radio La Suprema Estación, en la que reiteró que la explotación minera en esta zona de páramo representa un riesgo para las fuentes hídricas estratégicas del Austro.
Noboa solicitó al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay que entreguen informes jurídicos y técnicos sobre los peligros de la actividad minera, documentos que —según dijo— serán incorporados al proceso legal que lleva el juez constitucional Cárdenas Rivera. Este magistrado deberá definir si la iniciativa continúa o se suspende de manera definitiva.
“No voy a seguir con este proyecto; por eso está el comunicado oficial donde se indica: señores municipio y prefectura, háganse cargo ustedes y presenten sus informes”, señaló Noboa, advirtiendo que si la empresa concesionaria, Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador, demanda al Estado, los gobiernos locales deberán sustentar sus reportes, incluso ante cortes internacionales de arbitraje.
El proyecto Loma Larga cuenta con reservas estimadas en 926.000 onzas de oro. Sin embargo, su desarrollo ha estado marcado por cuestionamientos ambientales y sociales, así como por la oposición de colectivos ciudadanos y autoridades locales.
Reacciones en Azuay
El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, respondió de inmediato y recordó que ya existían informes técnicos que advertían sobre los riesgos de contaminación. También subrayó que, de acuerdo con la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente, es el gobierno central quien debe asumir la decisión final sobre licencias ambientales.
“Este prefecto y esta prefectura no se apartarán de la defensa legítima del agua, de la vida y de nuestros páramos”, afirmó Lloret, quien además cuestionó el rol del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) en la entrega de permisos ambientales con presuntas irregularidades.
Por su parte, el exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, criticó la postura del Ejecutivo y aseguró que “no se puede trasladar la responsabilidad a los gobiernos seccionales, cuando fue el propio Gobierno Nacional el que otorgó la licencia ambiental”.
El exalcalde y exprefecto Marcelo Cabrera coincidió en esa visión y recordó que los gobiernos locales no han entregado concesiones ni permisos ambientales. “Fue el Gobierno Nacional el que lo hizo, y debe asumir sus consecuencias”, recalcó.
Expertos y voces críticas
El constitucionalista Sebastián López calificó la propuesta de Noboa como un “sinsentido jurídico” y sostuvo que la responsabilidad sobre la minería metálica recae exclusivamente en el Estado central.
La asambleísta lojana Verónica Iñiguez consideró que el comunicado presidencial busca desmovilizar la marcha por el agua prevista para el 16 de septiembre, y remarcó que la competencia en materia minera no puede ser delegada a los gobiernos locales.
Mientras tanto, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, defendió la actuación del Estado y recordó que la consulta popular de 2021 en Cuenca, en la que el 80 % de la población se pronunció en contra de la minería en fuentes hídricas, no tiene efectos retroactivos sobre concesiones ya otorgadas.
Tensiones con Canadá
Noboa también reveló que la disputa con Dundee Precious Metals, empresa canadiense propietaria del proyecto, ha retrasado la firma de un tratado de libre comercio con ese país.
“El Estado respalda la decisión de los cuencanos, pero debe quedar claro que en algún momento habrá responsabilidades”, advirtió el mandatario, al insistir en que, ante una eventual demanda, los informes de los gobiernos locales deberán ser defendidos incluso en instancias internacionales.
Hasta el cierre de esta edición, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, no se había pronunciado sobre el pedido del Ejecutivo, señalando que primero analizará el tema.
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