Durante la segunda jornada de movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que el Bloque de Seguridad —compuesto por Fuerzas Armadas y Policía Nacional— se mantiene desplegado en todo el país para garantizar el orden público y enfrentar posibles actos de violencia.
Las protestas se han concentrado especialmente en la provincia de Imbabura, con epicentro en Otavalo, así como en Pichincha, incluyendo la capital, Quito, y la ciudad de Cayambe. Según Loffredo, durante esta jornada se han identificado dos realidades distintas: una, impulsada por “grupos con intereses políticos y económicos contrarios al país”, y otra, que refleja el respaldo ciudadano hacia las fuerzas del orden, incluso en zonas con manifestaciones activas.
“Sabemos quiénes son los cabecillas, y muy pronto tendrán que enfrentar a la justicia ordinaria”, advirtió el ministro en entrevista con el programa Del día a la noche.
El titular de Defensa destacó que el trabajo coordinado entre Policía y Fuerzas Armadas tiene como eje la paz, la justicia y el restablecimiento del orden. Aseguró que, a diferencia de administraciones anteriores, el Gobierno actual actuará con firmeza frente a hechos como los secuestros de agentes del orden.
“Secuestrar a un militar o policía sería un grave error. El país ya entiende que esta es una lucha entre el orden y el caos, entre la honestidad y la corrupción”, enfatizó.
Loffredo también se refirió a los hechos registrados en Otavalo, donde manifestantes incendiaron un comando policial y atacaron un helicóptero. Señaló que estos actos demuestran la infiltración de grupos armados en las protestas.
“Lo que se vio en Otavalo —el intento de derribar un helicóptero con armamento tipo guerrillero— no es parte de una manifestación pacífica. Esto evidencia la participación de grupos terroristas”, declaró.
En ese sentido, advirtió que cualquier ataque a la fuerza pública constituiría un atentado contra la seguridad nacional, lo cual será enfrentado con todo el rigor de la ley.
Detenidos y procesos legales en marcha
Durante la jornada, el Ministerio del Interior reportó que 44 personas han sido aprehendidas en el marco de las movilizaciones. De ese total, 22 se encuentran a la espera de audiencia de flagrancia, mientras que otros casos ya han recibido medidas judiciales: cuatro personas fueron liberadas, once recibieron medidas sustitutivas y dos se encuentran bajo prisión preventiva.
Entre los detenidos hay dos ciudadanos venezolanos vinculados presuntamente con la organización criminal Tren de Aragua. El Gobierno ha confirmado que estos individuos serán procesados por el delito de terrorismo, que podría acarrear penas de hasta 30 años de prisión.
Loffredo concluyó señalando que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo buscan el bienestar del país, aunque impliquen medidas difíciles: “No estamos en una lucha ideológica, sino por la seguridad y el futuro de los ecuatorianos”, puntualizó.
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