En un fallo histórico con efectos inmediatos y retroactivos, la Corte Constitucional (CC) declaró el pasado 26 de septiembre la inconstitucionalidad total de la Ley de Solidaridad Nacional y su Reglamento, dejando sin efecto el principal sustento legal que el presidente Daniel Noboa utilizó para declarar el conflicto armado interno desde junio.
La decisión judicial invalida no solo la normativa, sino también las detenciones, incautaciones y procesos judiciales realizados bajo su amparo, lo que representa un giro drástico en el marco legal del Gobierno para enfrentar el crimen organizado y el actual paro nacional.
La Ley fue declarada inconstitucional en su totalidad
El dictamen de la Corte respondió a cinco demandas acumuladas que cuestionaban la constitucionalidad de la Ley. Los magistrados argumentaron que:
- No existía una verdadera urgencia económica, condición necesaria para tramitarla como tal.
- La Asamblea Nacional introdujo reformas que no guardaban relación con el proyecto original.
- Varias disposiciones comprometían derechos fundamentales, la independencia judicial y el principio de legalidad.
En consecuencia, la Corte expulsó la Ley del ordenamiento jurídico y eliminó todos sus efectos legales, incluso aquellos que ya se habían ejecutado.
¿Qué implica esta decisión?
El fallo anula artículos que permitían medidas excepcionales, como:
- Allanamientos sin orden judicial
- Detenciones basadas únicamente en informes de inteligencia
Estas acciones ya no podrán ser utilizadas por las fuerzas del orden, lo que limita significativamente el accionar del Ejecutivo frente a las bandas criminales bajo la figura del conflicto armado interno.
Golpe al conflicto armado interno declarado por Noboa
La Ley de Solidaridad Nacional fue clave para definir jurídicamente a los grupos armados organizados y establecer penas severas —de hasta 30 años para cabecillas y hasta 26 años para colaboradores—. Con su eliminación, el Gobierno pierde ese marco específico y deberá operar dentro de los límites del derecho penal ordinario.
Esto supone mayores restricciones legales para la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en momentos en que el país enfrenta una de las peores crisis de seguridad en su historia reciente.
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