El 17 de septiembre de 2025, dos funcionarias del Centro Materno Infantil del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Cuenca, identificadas como Joanna S. y María José C., fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado por presunto peculado, tras ser acusadas de desviar recursos públicos a sus cuentas personales por un monto total de 105.200 dólares entre febrero y julio de 2025.
Según la denuncia presentada, las acusadas, que laboraban en el área financiera del centro médico, utilizaron su acceso al Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF)—una plataforma oficial del Estado para la gestión del presupuesto—para simular pagos a contratistas del IESS, justificándolos con conceptos como maquinaria, servicios de seguridad, aseo, fumigación y lavado de vestimenta. Sin embargo, los pagos realizados fueron transferidos directamente a sus cuentas bancarias personales.
Irregularidades en el manejo de fondos
El informe revela que se detectaron al menos 15 partidas presupuestarias involucradas en estas transacciones irregulares, todas ellas con respaldos inconsistentes o inexistentes. La denuncia incluye detalles sobre pagos, números de cuentas bancarias, órdenes de compra fraudulentas y discrepancias en los montos y beneficiarios.
Ese mismo día, el IESS emitió el memorando IESS-CSC-MIEC-2025-5705-M, que fue enviado al director técnico encargado del centro, Boris Estuardo Tamayo Amores. En el documento se adjuntaron pruebas documentales de las irregularidades detectadas, incluyendo registros de pagos y otros elementos que sustentan la acusación.
Desvinculación y represalias
Curiosamente, la denunciante, quien alertó sobre los presuntos actos fraudulentos, sufrió represalias tras presentar la denuncia. El mismo 17 de septiembre, la funcionaria fue bloqueada del sistema eSIGEF y se le impidió el acceso a la plataforma. Pese a haber actuado conforme a las normativas institucionales, la Unidad de Talento Humano del Centro Materno Infantil solicitó su desvinculación, lo que deja entrever posibles represalias por haber denunciado el presunto delito.
Los pagos fraudulentos
Los detalles de los pagos realizados a las funcionarias son alarmantes. En el caso de María José C., entre febrero y julio de 2025, recibió un total de 54.700 dólares. Los pagos, en su mayoría, fueron justificados como viáticos, maquinaria, servicios de aseo, entre otros conceptos, pero no se presentó la debida documentación que respalde dichos desembolsos. Entre los pagos más relevantes figura una transferencia de 9.000 dólares por «servicios de seguridad» el 30 de junio, y otro pago de 5.000 dólares por «fumigación» el 31 de julio, todos sin evidencia de procesos o servicios realizados.
Por su parte, Joanna S. recibió siete pagos durante el mismo período, sumando 50.500 dólares. Entre ellos, destaca un pago de 9.000 dólares registrado como «adquisición de medicamentos», aunque no se presentó ninguna justificación válida. En varios de los pagos a Joanna S., los procesos estaban ya liquidados o las órdenes de compra estaban duplicadas, lo que refuerza las sospechas de irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
Reacciones institucionales
El IESS en Azuay, a través de un comunicado emitido el 2 de octubre, confirmó la recepción de la denuncia y detalló las acciones tomadas hasta el momento. En respuesta a la gravedad de la acusación, se conformó una comisión financiera para investigar las irregularidades. Además, se suspendieron las claves de acceso de las funcionarias implicadas al sistema eSIGEF y se las separó del área financiera, exigiéndoles la presentación de pruebas de descargo.
El IESS también formalizó la denuncia ante la Fiscalía para iniciar la investigación correspondiente, y solicitó a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial de las cuentas involucradas.
La denuncia continua
Finalmente, la denunciante, que fue bloqueada y apartada del cargo, solicitó mediante un memorando que se suspendieran los procedimientos hasta esclarecer las responsabilidades en este caso. La solicitud sugiere que la presión y las represalias podrían ser una estrategia para silenciar a quienes han alertado sobre el posible peculado dentro del IESS.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones, y la denuncia sigue siendo un tema candente en la región, dado el monto desviado y la naturaleza del delito. El caso pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema financiero del IESS y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
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