La tensión entre el movimiento indígena y el Gobierno nacional se intensifica. Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), podría enfrentar una posible detención si ingresa a Quito, luego de que legisladores del oficialismo lo denunciaran penalmente por el delito de terrorismo.
La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) presentó el 6 de octubre un acto urgente ante la Fiscalía General del Estado, tras declaraciones de Vargas en las que advirtió que se “tomaría” la capital como parte del proceso de radicalización del paro nacional convocado por sectores indígenas.
Michelle Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y jefa del bloque ADN, explicó que la denuncia se fundamenta en el artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de terrorismo con penas de 10 a 13 años de cárcel, ampliables hasta 26 años si se produce la muerte de personas.
“No podemos permitir que esta situación se repita. Marlon Vargas parece haber olvidado lo ocurrido en 2019 y 2022, pero los quiteños no. Recordamos edificios incendiados y violencia en las calles”, advirtió Mancheno.
El asambleísta Andrés Castillo detalló que el acto busca alertar a la Fiscalía sobre una posible comisión de delitos antes de que ocurran, advirtiendo que si las acciones anunciadas por Vargas se concretan y se incurre en terrorismo o sabotaje, deberán iniciarse investigaciones inmediatas.
Quito activa alerta preventiva
Ante el escenario de posibles manifestaciones, el Consejo Metropolitano de Quito se reunió de manera urgente para aprobar un plan de acción que impida una toma violenta de la ciudad, similar a lo vivido durante los paros nacionales de años anteriores.
Entre las resoluciones adoptadas se encuentra la exigencia al alcalde Pabel Muñoz de mantener en estado de alerta a toda la estructura municipal, incluyendo empresas públicas y entidades responsables de la protección de infraestructuras estratégicas como el Metro de Quito, el Centro Histórico y los principales accesos a la ciudad.
Wilson Merino, concejal capitalino, informó que también se desplegarán operativos especiales de la Agencia Metropolitana de Tránsito y se reforzará la vigilancia en zonas clave.
Además, el Consejo Metropolitano condenó cualquier forma de violencia, demandó al Ejecutivo nacional mantener el control del orden público y exhortó a todas las partes a retomar el diálogo como vía para resolver los conflictos.
El Gobierno endurece su postura
Pese a que Marlon Vargas intentó matizar su postura a través de redes sociales, señalando que su lucha “no es contra las ciudades, sino contra la pobreza y la desigualdad”, el Ejecutivo considera sus declaraciones una amenaza directa.
John Reimberg, ministro del Interior, aseguró que el Bloque de Seguridad —integrado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas— se encuentra desplegado para garantizar la estabilidad de Quito.
“Estamos preparados. Nadie va a alterar la paz de la capital ni del país. Las amenazas han sido claras y nosotros también seremos claros en la respuesta”, advirtió el titular del Interior.
Con la ciudad en máxima alerta, la Fiscalía activada y el movimiento indígena en pie de lucha, Quito vuelve a convertirse en epicentro de un posible conflicto social, mientras la ciudadanía espera una salida que evite repetir los episodios violentos del pasado.
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