El ministro del Interior, John Reimberg, anunció el despliegue de un convoy de seguridad y asistencia humanitaria que partirá este lunes desde Quito hacia la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras el reciente aumento del precio del diésel decretado por el Gobierno.
El operativo será encabezado por el Bloque de Seguridad, integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y funcionarios de diferentes instituciones públicas. El objetivo principal es restablecer el libre tránsito en al menos ocho puntos viales bloqueados y garantizar el ingreso de productos esenciales a las comunidades afectadas.
“Vamos a usar, obviamente, la fuerza pública para hacer una apertura total de vías, porque esto se acaba ya. Vamos con toda la fuerza y con toda la ayuda”, declaró Reimberg durante una entrevista en el canal Teleamazonas.
El ministro anticipó que el convoy estará compuesto por aproximadamente 100 vehículos, y que la operación en territorio imbabureño no será de un solo día, ya que se mantendrán las acciones mientras persistan los cierres y el riesgo para el abastecimiento.
Abastecimiento y monitoreo de derechos humanos
De acuerdo con información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el convoy transportará alimentos, medicinas, gas, insumos agrícolas y otros productos de primera necesidad, destinados a poblaciones que han sufrido desabastecimiento debido a los bloqueos.
El operativo contará también con la participación de autoridades nacionales, organismos de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado y delegados de la Cruz Roja, quienes monitorearán el cumplimiento de protocolos durante la intervención.
Diálogo condicionado y señalamientos a líderes indígenas
Aunque Reimberg sostuvo que habrá espacio para el diálogo, evitó precisar con qué sectores o dirigentes se entablarían conversaciones. No obstante, advirtió que si se presentan actos de violencia o vandalismo, se actuará con firmeza.
El ministro aprovechó para cuestionar públicamente a los líderes de la Conaie, señalando que detrás de las protestas hay motivaciones políticas. Acusó a Marlon Vargas, presidente actual de la organización, de impulsar agendas partidistas, y a Leonidas Iza, exdirigente del movimiento indígena, de tener aspiraciones electorales.
“Esto no es una protesta social, es una acción política organizada para desestabilizar. Nosotros vamos a garantizar el orden y proteger a la población”, sentenció.
La situación en Imbabura se mantiene tensa, con comunidades movilizadas en rechazo a la medida económica que afecta directamente a sectores del transporte y la producción rural. El desarrollo de este operativo marcará un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno central y el movimiento indígena.
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