Una multitudinaria marcha se desarrolló este lunes en Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, en rechazo al incremento del precio del diésel. La movilización, que se extendió por aproximadamente dos horas, contó con la participación de miles de manifestantes, entre ellos delegaciones indígenas y comunidades organizadas que arribaron a la ciudad en una caravana motorizada por la vía E-35.
Imbabura se ha convertido en el epicentro de las protestas nacionales, con bloqueos intermitentes a lo largo de la carretera que conecta el norte y centro del país. La manifestación en Ibarra se produjo mientras un convoy humanitario partía desde Quito hacia la provincia, con el objetivo de llevar asistencia, productos de primera necesidad y personal de seguridad para reabrir las rutas clausuradas.
Durante la jornada, se observó una fuerte presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Vallas metálicas fueron colocadas en varios puntos estratégicos del centro de la ciudad, mientras numerosos comercios optaron por cerrar sus puertas o atender parcialmente por precaución.
Los dirigentes indígenas reiteraron el carácter pacífico de la movilización y rechazaron las declaraciones oficiales que los vinculan con actos de terrorismo. Además, solicitaron al gobierno del presidente Daniel Noboa la instalación inmediata de una mesa de diálogo.
La marcha culminó alrededor de las 14:00. Tras ello, las delegaciones comenzaron su retorno a las comunidades, ubicándose nuevamente en los puntos de resistencia establecidos previamente.
Entretanto, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció el despliegue del Bloque de Seguridad —conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía— para reabrir las vías cerradas y garantizar el ingreso de alimentos y asistencia a la provincia. El convoy humanitario, compuesto por unos 100 vehículos, partió desde Tababela con destino a Ibarra cerca de las 11:30. Las autoridades confirmaron la existencia de al menos ocho bloqueos activos en la región.
La tensión en la provincia continúa, mientras se espera una respuesta concreta del Ejecutivo frente a las demandas de los manifestantes.
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