La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una ley de amnistía que podría llevar a la libertad de cientos de presos políticos detenidos durante décadas de crisis políticas en el país sudamericano. La legislación fue enviada de inmediato a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien la firmó y ordenó su publicación en la Gaceta Oficial, marcando un paso significativo —aunque polémico— en la política venezolana.
Un alivio con exclusiones y condiciones
La nueva norma contempla la amnistía retroactiva para personas condenadas por motivos políticos entre 2002 y 2025, incluyendo acciones vinculadas a protestas, crisis sociales y episodios de tensión política, con el objetivo declarado de fomentar la convivencia democrática.
Sin embargo, el texto introduce exclusiones claras: no podrán beneficiarse quienes hayan cometido delitos graves como violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, tráfico de drogas o corrupción, ni quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial del país, incluso si fueron respaldadas por agentes extranjeros.
Estas cláusulas han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores opositores, que señalan que la ley no incluye a todos los considerados presos políticos y deja fuera, por ejemplo, a militares o líderes acusados de rebelión.
Comisión especial y contexto político
El Parlamento también nombró una comisión especial encargada de desarrollar los mecanismos para implementar la ley, supervisar su cumplimiento y acelerar la revisión de casos, en medio de fuertes expectativas de familias de detenidos y activistas.
La medida se inscribe en lo que el gobierno de Rodríguez ha calificado como un “nuevo momento político” tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero y bajo presión tanto interna como externa para avanzar en la normalización de la situación en Venezuela.
Reacciones y cifras en disputa
Organizaciones como Foro Penal estiman que, a pesar de las liberaciones que se han producido desde inicios de enero, aún quedan centenares de presos políticos detrás de rejas, y advierten que la ley por sí sola no garantiza la libertad plena ni la restitución de derechos políticos.
Líderes opositores y colectivos de derechos humanos han recibido con cautela la medida, calificándola como necesaria pero insuficiente, mientras que el oficialismo la presenta como un gesto de reconciliación nacional y apertura al diálogo político.
En suma, la aprobación de esta ley representa un momento histórico para Venezuela, que abre la puerta a la excarcelación de muchos presos políticos, pero también plantea interrogantes sobre los límites de su alcance y la concreción de su aplicación efectiva.
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