Un total de 31 funcionarios y exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador estarían expuestos a iniciar procesos administrativos debido a su supuesta intervención en el archivo irregular de 202 expedientes disciplinarios en la provincia de Guayas. Esta decisión fue tomada el 18 de marzo de 2025 por el pleno del órgano encargado de la gobernanza, administración y disciplina de la Función Judicial.
Según las autoridades del CJ, a finales de febrero de este año, se había detectado que, de los 480 expedientes revisados, al menos 230 presentaban irregularidades relacionadas con su archivo «sin cumplir» con los procedimientos administrativos y disciplinarios correspondientes. Para mediados de marzo, la cifra se había ajustado a 202 expedientes, involucrando a 31 personas identificadas como responsables de estas anomalías. De ellas, 23 fueron quienes sustanciaron y resolvieron los casos entre 2020 y 2024, y ocho ocupaban cargos clave en la Dirección Provincial del CJ de Guayas durante ese mismo período.
Reestructuración y medidas disciplinarias
Como resultado de esta investigación, el CJ decidió remover del cargo a Diego Pérez, quien era el director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario, nombrando en su lugar a Carlos Fernández Barcia. Pérez, en declaraciones posteriores, aclaró que su salida no responde a ninguna acusación de conducta ilícita o falta disciplinaria, sino a una decisión administrativa tomada por el titular de la Judicatura, Mario Godoy, quien asumió el cargo en julio de 2024.
Pérez explicó que la investigación sobre las irregularidades en Guayas se inició durante la presidencia de Álvaro Román en febrero de 2024, y recordó que al tomar posesión de su cargo, alertó sobre las irregularidades que encontró en la aplicación del artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que establece los procedimientos disciplinarios en casos de infracciones gravísimas. Entre las irregularidades detectadas, Pérez mencionó que muchos casos, previamente sancionados con destituciones por tribunales superiores, fueron archivados tras recibir la ratificación de inocencia sin realizar las diligencias correspondientes.
El caso Purga y la corrupción en la Judicatura de Guayas
La investigación en Guayas se enmarca dentro de un contexto más amplio de corrupción en el sistema judicial, que ha sido señalado en casos de gran notoriedad como el Caso Purga. En este contexto, Mercedes Villarreal y Fabiola Gallardo, quienes ocuparon cargos clave en la Dirección Provincial del CJ de Guayas durante 2022 y 2023, han sido procesadas por su participación en una red de delincuencia organizada vinculada a la corrupción en la justicia. Villarreal, quien enfrenta un proceso de extradición desde España, y Gallardo, sentenciada a 13 años y 4 meses de prisión como líder de la estructura delictiva, son solo dos de los nombres más relevantes en este escándalo.
Irregularidades en el proceso disciplinario: Deficiencias y falta de motivación
Entre las principales irregularidades identificadas en el análisis de los 202 expedientes, se encontraron fallas graves en el debido proceso, como la falta de notificaciones oportunas, el incumplimiento de plazos procesales, la ausencia de documentación esencial y el archivo de casos sin abrir la etapa de pruebas. Además, se descubrió que muchas resoluciones carecían de la motivación necesaria, es decir, no ofrecían una justificación legal o argumentativa adecuada para las decisiones tomadas.
Estos hallazgos reflejan una serie de fallos administrativos y disciplinarios que han permitido la impunidad en varios casos y han socavado la confianza en el sistema judicial de la provincia de Guayas.
Planes de intervención en otras provincias
El presidente del CJ, Mario Godoy, anunció que las investigaciones y acciones disciplinarias no se limitarán a la provincia de Guayas. Durante una entrevista radial, Godoy explicó que las irregularidades encontradas en Guayas fueron el resultado de un análisis preliminar realizado dentro de un plan más amplio de revisión de los procesos disciplinarios en todo el país. El análisis se expandirá próximamente a otras provincias como Manabí, Loja y varias del oriente ecuatoriano, con el objetivo de detectar y corregir fallos similares en el manejo de los expedientes.
Próximos pasos y sanciones
A medida que las investigaciones avancen, el CJ está implementando medidas para garantizar que los responsables de estas irregularidades sean sancionados de acuerdo con la ley. Godoy indicó que las irregularidades detectadas en Guayas son parte de una serie de acciones que ya han derivado en casos penales como los de Metástasis y Purga, donde la justicia se vio comprometida por la alteración de los expedientes disciplinarios.
Con la reestructuración en marcha y una mayor supervisión en las provincias, el Consejo de la Judicatura busca restaurar la credibilidad en su labor y garantizar que los procesos disciplinarios se lleven a cabo con la seriedad y transparencia que la ciudadanía demanda.
El caso de Guayas no solo pone de manifiesto las debilidades en el sistema judicial de la región, sino también la necesidad urgente de reformas y mecanismos de control más estrictos para evitar la corrupción y asegurar que los procesos legales se desarrollen de manera justa y transparente.
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