El presidente de la República, Daniel Noboa, vetó el 25 de abril de 2025 el proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por la industrialización del petróleo en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Esta normativa, aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de marzo del mismo año, buscaba regular cómo las tres provincias productoras de petróleo participarían en los beneficios derivados de la industrialización de este recurso.
El veto del presidente se sustentó en dos puntos clave: el impacto económico negativo en las finanzas públicas y la inconstitucionalidad de la propuesta, por contravenir el artículo 135 de la Constitución, que limita la facultad de la Asamblea para modificar la estructura fiscal del país.
El impacto económico y la viabilidad fiscal
El argumento económico del veto se basa en un déficit proyectado de $46,8 millones anuales en el presupuesto estatal, como consecuencia de la asignación de unos $53 millones anuales para los GAD de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Según el Ejecutivo, este monto no es sostenible para un Estado que ya enfrenta serios problemas de déficit fiscal y dependencia de los ingresos petroleros.
Diego Cueva, analista económico-financiero, cuestionó la sostenibilidad de esta asignación, pero reconoció que, con una adecuada planificación técnica, los recursos podrían destinarse a proyectos clave como infraestructura, salud y educación, áreas que son competencia de los GAD. Sin embargo, también advirtió que la contratación de personal y los costos asociados a estos proyectos de inversión social representarían una carga adicional para los gobiernos locales.
El enfoque de la ley y su falta de sustentos técnicos
Por su parte, Santiago Ochoa, experto en economía, defendió la intención detrás de la ley, resaltando que las provincias productoras de petróleo suelen ser las más vulnerables del país. Sin embargo, Ochoa puntualizó que no basta con una buena intención para aprobar una ley de esta magnitud, especialmente en tiempos de crisis económica. Aseguró que la extracción de entre 45 y 50 millones de dólares del presupuesto estatal podría agravar la situación fiscal del país.
El analista sugirió que, en lugar de un veto total, lo más adecuado habría sido permitir una revisión técnica y estructural del proyecto, para corregir sus deficiencias y hacerla viable en términos económicos y financieros.
La postura de la bancada de la Revolución Ciudadana
La bancada que impulsó el proyecto de ley, liderada por los asambleístas de la Revolución Ciudadana, manifestó su desacuerdo con la decisión presidencial. Paola Cabezas, legisladora por Esmeraldas, destacó que los recursos comprometidos por el presidente en bonos durante la campaña electoral superan ampliamente los $50 millones que se habrían destinado a los GAD a través de la ley. A su juicio, el veto carece de fundamento legal y la supuesta afectación económica es inexistente.
Lenin Lara, asambleísta por Esmeraldas y uno de los proponentes del proyecto, calificó el veto como “injusto” y expresó su esperanza de que la nueva Asamblea lo retome, señalando que el reciente derrame de petróleo y el terremoto que afectó a Esmeraldas deberían haber generado empatía en el Ejecutivo. Según Lara, este veto impide hacer justicia a las provincias que han soportado los efectos de la industria petrolera sin recibir las compensaciones adecuadas.
En un tono más contundente, Comps Córdova, asambleísta por Sucumbíos, expresó su indignación ante la decisión del presidente, afirmando que este veto perjudica a las comunidades más pobres, que han sufrido las consecuencias de la explotación petrolera sin recibir los beneficios prometidos en la Constitución.
Los detalles del proyecto de ley
El proyecto de ley establecía un sistema de participación de los GAD en las rentas generadas por la industrialización del petróleo, asignando recursos derivados del proceso de refinación a los gobiernos locales. Los principales puntos del proyecto eran los siguientes:
- Participación en las rentas por industrialización: Los GAD recibirían un dólar por cada barril de petróleo industrializado en su territorio. Los recursos provendrían de empresas públicas, privadas o mixtas involucradas en la actividad.
- Transferencia de recursos: El Banco Central del Ecuador sería el encargado de transferir los recursos a las subcuentas de los GAD dentro de los primeros diez días de cada mes, con base en un informe remitido por el Ministerio de Finanzas.
- Distribución de recursos: Los recursos se distribuirían de la siguiente manera:
- 10 % para los GAD parroquiales del cantón donde se industrializa el crudo.
- 50 % para los GAD municipales o metropolitanos.
- 40 % para los GAD de los cantones en la zona de industrialización.
- Uso de recursos: Los fondos deberían destinarse a proyectos relacionados con agua potable, alcantarillado, infraestructura vial, gestión ambiental y otros proyectos sociales.
- Prohibición de gasto corriente: La ley prohibía que los GAD destinara estos recursos a gasto corriente.
La objeción por inconstitucionalidad
El Ejecutivo fundamentó su veto también en la inconstitucionalidad del proyecto. De acuerdo con el artículo 135 de la Constitución, solo el presidente tiene la facultad de presentar proyectos de ley que impliquen la creación o modificación de impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la estructura político-administrativa del país. Al considerar que la ley propuesta por la Asamblea Nacional violaba este principio, el gobierno argumentó que la distribución de recursos derivada de la industrialización del petróleo comprometería la estabilidad fiscal del país.
Además, el Ejecutivo insistió en que el proyecto no tenía un sustento técnico ni económico adecuado para evaluar el impacto de la ley en el presupuesto estatal. El gobierno destacó que la refinación del petróleo no genera ingresos directos, sino costos, y que la implementación de la ley podría generar un desequilibrio en la distribución de recursos entre los diferentes GAD del país.
Conclusión
La objeción del presidente Noboa ha desatado un intenso debate sobre la viabilidad económica y la legalidad del proyecto de ley, con posturas divididas entre quienes defienden la necesidad de compensar a las provincias productoras de petróleo y aquellos que advierten sobre los riesgos fiscales y constitucionales que implicaría su implementación. En medio de una crisis económica que afecta las finanzas públicas, el futuro de esta ley parece incierto, y será responsabilidad de la nueva Asamblea evaluar cómo abordar las demandas de las provincias afectadas por la industria petrolera.
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