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Gobierno de México demanda a productora de Mr. Beast por uso indebido de sitios arqueológicos en promoción comercial

El gobierno mexicano ha interpuesto una demanda contra la productora del influyente youtuber James Donaldson, conocido como Mr. Beast, por presuntamente utilizar la imagen de sitios arqueológicos del país para promocionar marcas comerciales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señaló que dicha utilización fue violatoria de los términos del permiso otorgado para filmar en las ruinas mayas, al tiempo que el video, que ya supera los 56 millones de vistas, incluye anuncios de chocolates y carne seca.

El polémico video, titulado «Exploré templos de 2,000 años de antigüedad», fue grabado en diversas zonas arqueológicas del sureste de México, incluyendo las emblemáticas ciudades mayas de Calakmul, Chichen Itzá y Balamcanché. En él, Mr. Beast, quien cuenta con 394 millones de suscriptores en YouTube, aparece visitando estos antiguos vestigios y destaca la magnitud de las estructuras, pero también hace referencia al acceso permitido, provocando críticas en las redes sociales.

En un momento del video, al ingresar a una pirámide, el youtuber comenta: «No puedo creer que el gobierno nos permita hacer esto», una afirmación que generó molestia entre los usuarios, quienes interpretaron que Mr. Beast y su equipo tuvieron acceso a zonas restringidas, incluso para turistas mexicanos. Esto ha dado lugar a un reclamo por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien solicitó explicaciones sobre las condiciones bajo las cuales se otorgó el acceso a las zonas arqueológicas de acceso limitado.

En respuesta a la controversia, el INAH subrayó que el permiso concedido a la productora Full Circle Media, representante de Mr. Beast, no autorizaba la explotación de la imagen de los sitios para fines comerciales. «El uso de estos espacios para promocionar marcas con fines de lucro privado no fue aprobado», expresó la institución a través de un comunicado en la red social X. Como resultado, el INAH ha solicitado una «demanda administrativa» contra la productora, exigiendo tanto una compensación por los daños causados como una retractación pública.

El incidente ha generado reacciones encontradas, especialmente en la ciudad de Mérida, donde se encuentran algunas de las principales atracciones turísticas, como Chichen Itzá. José Elías Aguayo, un guía turístico local, manifestó su preocupación ante lo que considera una desigualdad en las regulaciones: «Las restricciones y las regulaciones deben ser para todos, tanto para los turistas nacionales y extranjeros como para nosotros los locales», expresó en entrevista con AFP.

Frida Rea, una estudiante local, también se mostró frustrada por la situación. «Que las autoridades dejen que externos accedan a estos lugares por cualquier medio, ya sea porque pagaron o por vistas en redes sociales, sí es una frustración», comentó.

El caso resalta las tensiones entre el uso comercial de los bienes patrimoniales y la necesidad de proteger la integridad de los sitios históricos, cuyas regulaciones son clave para preservar su valor cultural y arqueológico.

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