El indulto presidencial con efecto diferido, una figura jurídica inédita en el país, ha sido aprobado por la Asamblea Nacional como parte de la Ley de Solidaridad Nacional, con 84 votos a favor en su segundo debate. La normativa, ya remitida al Ejecutivo, ha generado un intenso debate entre juristas, legisladores y organizaciones de derechos humanos por su alcance, implicaciones legales y riesgos de abuso.
Este mecanismo fue contemplado en el Artículo 14 de la ley, en el contexto del conflicto armado interno declarado el 9 de enero de 2024 mediante el Decreto Ejecutivo 111. Según el texto legal, el presidente de la República podrá otorgar indultos, por razones humanitarias o de interés público excepcional, a personas procesadas penalmente por hechos directamente relacionados con el conflicto.
¿Cómo funciona?
El indulto con efecto diferido podrá aplicarse desde la fase de investigación previa hasta cualquier etapa procesal antes de la sentencia. Sin embargo, su ejecución quedará suspendida hasta que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Durante ese tiempo, se podrá levantar la prisión preventiva del procesado.
Los casos en los que podría aplicarse son limitados a tres escenarios específicos:
- Cuando los hechos imputados se hayan producido en cumplimiento del deber durante operaciones de seguridad, defensa o mantenimiento del orden frente a grupos armados organizados (GAO).
- Si la persona procesada sufre enfermedades raras, catastróficas o de alta complejidad, debidamente certificadas por la autoridad sanitaria.
- En casos donde el procesado haya brindado colaboración significativa con la justicia, ayudado al esclarecimiento de la verdad o contribuido a la reparación integral del daño causado.
Delitos excluidos
El beneficio no podrá aplicarse a quienes estén procesados por delitos graves como genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia, y delitos contra la administración pública.
Voces a favor y en contra
Para el penalista Julio César Cueva, el cambio realizado en la Comisión de Desarrollo Económico —que modificó el texto original para exigir sentencia ejecutoriada antes del indulto— fue una medida necesaria para evitar inconstitucionalidades. “No se puede perdonar una pena si no ha habido una condena previa”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de abusos: “Podría convertirse en una carta blanca para justificar cualquier acto policial o militar bajo el argumento del cumplimiento del deber”.
El artículo 542.2, también reformado, establece que policías o militares procesados por hechos relacionados con sus funciones no podrán ser sometidos a prisión preventiva, arresto domiciliario ni uso de dispositivos electrónicos. En su lugar, continuarán con sus funciones bajo supervisión directa de su jefe inmediato, quien deberá reportar quincenalmente su permanencia en el país.
Cueva alertó que esto podría dejar sin herramientas a la Fiscalía: “¿Para qué procesar si no se pueden aplicar medidas cautelares? Estaríamos frente a una política de impunidad de facto”.
Riesgo de impunidad y corrupción
Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), el abogado Abraham Aguirre expresó su preocupación por lo que calificó como un posible “cheque en blanco” a servidores públicos que pudieran estar infiltrados por bandas criminales.
“Cada semana vemos detenciones de policías y militares involucrados en redes delictivas. ¿Cómo vamos a hablar de indulto sin una reforma policial profunda que garantice transparencia y confianza?”, cuestionó Aguirre, quien además advirtió sobre el riesgo de que comités encargados de revisar estos casos sean manipulados por intereses políticos o corruptos.
Recomendaciones
Los expertos coinciden en que, para evitar abusos y garantizar un uso adecuado del indulto diferido, es necesario:
- Capacitar a policías y militares sobre los límites legales del uso de la fuerza.
- Establecer mecanismos de control independientes que evalúen caso por caso.
- Fortalecer la coordinación entre la Fiscalía y el Ejecutivo, especialmente en el seguimiento de los procesados.
- Realizar una reforma estructural a las instituciones de seguridad para evitar su cooptación por el crimen organizado.
La Ley de Solidaridad, pese a haber sido aprobada, queda ahora en manos del Ejecutivo para su promulgación. Mientras tanto, el debate sobre el alcance del indulto diferido y su potencial impacto en la justicia y los derechos humanos sigue abierto.
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