Este lunes 16 de junio de 2025, a las 17:00, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá en primera instancia el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, remitido por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económica urgente. No obstante, el informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico ha generado fuerte polémica al incorporar reformas penales que afectan directamente al ejercicio profesional de abogados, jueces, fiscales y árbitros.
Entre las disposiciones más polémicas se incluye la modificación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con sanciones severas para profesionales del derecho que incurran en prevaricato o que beneficien a organizaciones delictivas, con penas que podrían alcanzar hasta 13 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer la abogacía.
Sanciones sin precedentes para el gremio jurídico
La Segunda Disposición Reformatoria endurece las penas para jueces, fiscales y árbitros que fallen deliberadamente en perjuicio de una de las partes. En el caso de los abogados de libre ejercicio, las penas contemplan:
- 7 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por prevaricato.
- 10 a 13 años de cárcel para quien favorezca a miembros de una organización criminal durante el conflicto armado interno.
- 1 a 3 años de prisión e inhabilitación de por vida por revelar secretos de un cliente o cambiar de bando en un proceso judicial.
- 3 a 5 años de cárcel y suspensión de 5 a 8 años por inducir a error a jueces o árbitros mediante prácticas fraudulentas.
- 5 a 8 años de prisión por encubrimiento, y hasta 2 años de cárcel por omitir reportar delitos conocidos en el ejercicio profesional.
Críticas desde el gremio de abogados
Organizaciones gremiales han manifestado su rechazo frontal al proyecto. Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (FENAE), sostiene que incluir reformas penales en una ley de carácter económico urgente es una violación al principio constitucional de unidad de materia.
“No hay relación entre una ley económica urgente y sanciones penales. Esto es inconstitucional. Se está legislando al margen de la Carta Magna”, advirtió Ocaña.
Por su parte, Ciro Guzmán, secretario de la FENAE, fue más tajante al calificar las reformas como una criminalización del ejercicio de la abogacía:
“Se pretende imponer sanciones desproporcionadas que vulneran derechos fundamentales. Esto es propio de un Estado autoritario que atropella el debido proceso y la independencia judicial”.
Ambos dirigentes advierten que, de aprobarse las reformas tal como están, se generaría un ambiente de intimidación y presión sobre los operadores de justicia, socavando el principio de presunción de inocencia y debilitando el Estado de derecho.
Voces a favor: “El fin es frenar la impunidad”
Sin embargo, no todos coinciden con esta postura. El penalista Marcelo Dueñas defendió la inclusión de estas medidas como una respuesta necesaria a la corrupción y al involucramiento de actores judiciales con el crimen organizado.
“Estas penas buscan garantizar que los administradores de justicia actúen con ética y responsabilidad. Quien traiciona ese principio no debería volver a ejercer”, expresó Dueñas.
El jurista considera que las sanciones de por vida disuadirán a los profesionales del derecho de incurrir en prácticas dolosas y que el rigor penal está justificado por el impacto social de estas acciones.
Una discusión de alto impacto jurídico y político
El debate de este lunes se prevé tenso. Más allá del contenido del proyecto, el eje de la controversia gira en torno al uso del carácter económico urgente para legislar sobre asuntos penales, lo que ya ha sido observado por la Corte Constitucional en anteriores ocasiones.
El resultado de esta discusión marcará un precedente tanto en el ámbito legal como en la relación entre el Ejecutivo y el gremio jurídico, en un momento donde el país atraviesa un proceso complejo de reformas institucionales en el marco del conflicto armado interno.
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