Quito, Ecuador – Con 125 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el pasado 20 de junio un paquete de 58 reformas al Código de la Democracia que redefinen el escenario electoral de cara a las elecciones seccionales de 2027. Entre las disposiciones más controvertidas figura la eliminación automática del registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de aquellas organizaciones políticas —nacionales o locales— que no alcancen al menos el 5 % de votos válidos en los comicios para prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales.
La normativa también establece como causales de cancelación no alcanzar al menos tres representantes en la Asamblea Nacional, el 8 % de alcaldías, o un concejal en al menos el 10 % de los cantones del país. Para movimientos locales, la exigencia es obtener ese mismo 5 % en su jurisdicción. La reforma, además, incorpora de forma definitiva una práctica cuestionada: el porcentaje de votos alcanzado en alianzas se acreditará íntegramente a cada una de las organizaciones participantes.
Cambios al sistema de representación: adiós Webster, hola D’Hondt
Otro punto clave de las reformas es la sustitución del método de asignación de escaños legislativos. El sistema Webster será reemplazado por el método D’Hondt, una fórmula que favorece a los partidos con mayor votación y reduce el margen de representación para fuerzas minoritarias, concentrando el poder político en manos de los bloques mayoritarios.
Este cambio ha sido criticado por sectores que advierten un retroceso democrático. Para el dirigente de Unidad Popular, Giovanny Atarihuana, se trata de una medida que busca reimponer el bipartidismo y restringe la pluralidad política reconocida desde la Constitución de 2008. “Estas reformas son un retroceso, estamos analizando acciones de inconstitucionalidad”, aseguró.
Entre el ordenamiento y la depuración: posturas divididas
Desde el oficialismo y sus aliados, las reformas han sido defendidas como un intento de ordenar el sistema político. Ana Belén Cordero, exasambleísta y dirigente de CREO, calificó como “saludable” la depuración de un sistema con más de 250 organizaciones para un universo de 14 millones de votantes. Sin embargo, advirtió que en elecciones seccionales los liderazgos locales pesan más que las marcas partidistas, por lo que los efectos reales podrían ser limitados.
En esa misma línea, Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano (PSC), admitió que la eliminación del 5 % es razonable, pero criticó que no se haya actualizado la referencia del número de asambleístas (de 137 a 151) ni la forma en que se distribuyen los votos de las alianzas. “Esto ya no es reglamento, es ley. Y en la próxima elección, si no se llega al 5 %, no hay tarjeta amarilla: hay eliminación directa”, advirtió.
¿Una reforma técnica o una jugada política?
Más allá de los aspectos técnicos, analistas y actores políticos coinciden en que estas reformas son también un reflejo de las alianzas en el actual escenario legislativo. “Lo que se confirma es que el pacto entre el Gobierno y el correísmo sigue firme”, sentenció Cordero. Para ella, si el Ejecutivo cree que puede replicar en elecciones locales el impulso presidencial, se equivoca: “No hay arrastre. En seccionales, manda el liderazgo territorial”.
Atarihuana fue más tajante: “La celebración del Gobierno será breve. En 2027 no ganarán las siglas, ganarán los liderazgos”.
Mientras tanto, el CNE se enfrenta al reto de aplicar estas reformas en un contexto político fragmentado, con actores que ya advierten que el nuevo marco legal podría judicializarse antes de las elecciones.
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