La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública ha abierto un nuevo frente de discusión en el ámbito jurídico ecuatoriano. Uno de los puntos más controversiales es la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que otorga al Consejo de la Judicatura facultades ampliadas para declarar emergencias judiciales y, en ese contexto, separar a jueces y fiscales mediante evaluaciones anticipadas, lo que ha encendido alertas sobre su constitucionalidad.
La norma —aprobada por el Pleno de la Asamblea— establece que, en un estado de emergencia judicial, el Consejo podrá reasignar presupuesto, contratar personal sin estabilidad, realizar evaluaciones anticipadas y aplicar un régimen especial para nuevos funcionarios. También se incluye una nueva infracción disciplinaria: sustituir la prisión preventiva sin motivación suficiente en casos de delincuencia organizada.
Asimismo, se faculta al Consejo para solicitar a las cortes provinciales o nacional un pronunciamiento sobre la legalidad de decisiones judiciales en esos contextos. De confirmarse que una resolución fue emitida sin sustento legal, el juez responsable podría ser removido.
Opiniones divididas en el plano constitucional
Para el constitucionalista Edison Guarango, las reformas pueden ser válidas si se ajustan al debido proceso. Cita el artículo 187 de la Constitución, que garantiza la permanencia de jueces mientras no exista causa legal para su remoción. “Una ley orgánica puede establecer causales y procedimientos, siempre que estos se ajusten al marco constitucional”, señala.
Por su parte, Esteban Ron, también experto en derecho constitucional, considera que las evaluaciones anticipadas no suponen “plenos poderes” para el Consejo de la Judicatura, siempre que se respeten los procedimientos ya previstos en la legislación vigente. “Si la evaluación se realiza conforme a la ley actual, no hay inconstitucionalidad”, sostiene. Ron recuerda que medidas similares se aplicaron en el pasado, como durante el gobierno de Rafael Correa, cuando se declaró una emergencia judicial sin violaciones legales formales.
¿Riesgo de inconstitucionalidad por unidad de materia?
El principal reparo, sin embargo, no está necesariamente en el contenido, sino en la forma legislativa. Guarango advierte que la Ley de Integridad Pública mezcla temas tan diversos como justicia, contratación pública, régimen penal juvenil y economía popular, lo cual podría violar el principio de unidad de materia, previsto en la Constitución. Este principio exige que cada ley trate una sola temática de manera coherente.
Ron, en cambio, argumenta que la estructura jurídica del país permite regulaciones complementarias dentro de leyes del mismo rango, siempre que estas estén relacionadas por un eje común y exista una interpretación armónica.
¿Una reforma necesaria, pero mal encauzada?
Guarango propone que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de ley exclusivo para reformar el Código de la Función Judicial, lo que evitaría cuestionamientos sobre la constitucionalidad del proceso legislativo y permitiría establecer mecanismos excepcionales de evaluación y remoción de jueces y fiscales dentro de un marco legal más claro.
La aprobación de esta ley plantea un escenario complejo para el sistema judicial ecuatoriano. Mientras algunos expertos valoran la intención de reforzar los controles frente a delitos de alto impacto, otros alertan sobre los riesgos de vulnerar garantías constitucionales si no se respetan los principios de forma y fondo en la legislación. La controversia está servida, y será la Corte Constitucional la que eventualmente tenga la última palabra.
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