Luego de ocho años de inactividad legislativa, el proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos llegó finalmente al pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, su destino fue el archivo. Un inusual consenso entre oficialismo y oposición permitió desechar el documento, tras revelarse múltiples irregularidades de forma y fondo, así como una ola de rechazo desde varias provincias del país.
La iniciativa, que constaba de 474 artículos en más de 800 páginas, pretendía establecer con precisión las coordenadas que delimitan cada población ecuatoriana. No obstante, su escasa socialización, el desfase respecto a la realidad actual del país, y la omisión de consultas populares en territorios en disputa provocaron su caída.
Uno de los principales críticos fue Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay y miembro de la Revolución Ciudadana (RC), quien pidió públicamente a su bancada que impulse el archivo. “Azuay se vería cercenado por conflictos limítrofes aún no resueltos. Es fundamental aplicar consultas populares en esos territorios”, advirtió desde su cuenta de X.
Consenso político, pero no territorial
Lucía Pozo, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), donde se discutió la norma, indicó que la decisión de archivar el proyecto fue impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), debido a los serios problemas en la forma de tratamiento legislativo y a su falta de vigencia. “Ocho años después del primer debate, la ley ya no responde a la situación actual del país”, señaló.
Desde la bancada correísta, la coordinadora Viviana Veloz confirmó que se optó por el archivo tras la presión de sus representantes de provincias como Azuay, Pichincha, Esmeraldas, Cañar y Chimborazo, donde existen conflictos territoriales que requerían consenso ciudadano. “No hay acuerdo político suficiente para su aprobación, ni en el Gobierno ni en nuestra bancada”, declaró.
División interna en la Revolución Ciudadana
Pese al respaldo mayoritario al archivo dentro del correísmo, no todos estuvieron de acuerdo. La asambleísta Victoria Desintonio, quien impulsó la norma en el período legislativo anterior, calificó como un error haber desechado el proyecto. “La Constitución de 2008 ordena esta ley. Sin límites definidos, el país no puede planificar ni asignar competencias a los GAD. Esta era una oportunidad para avanzar”, criticó, y destacó que el texto proponía un plazo de dos años para resolver disputas.
Por su parte, el también correísta Roque Ordóñez defendió la decisión, afirmando que su postura respondía a la necesidad de proteger los territorios del Azuay frente a un desmembramiento sin considerar elementos culturales y ancestrales.
Una ley correísta, rechazada por sus propios autores
El origen del proyecto se remonta al 23 de mayo de 2017, un día antes de que Rafael Correa dejara la Presidencia. El texto fue presentado por su gobierno y debatido por primera vez 44 días después. Desde entonces, quedó en el limbo legislativo hasta septiembre de 2024, cuando volvió a la agenda.
La ironía no pasó desapercibida. Lucía Pozo expresó su sorpresa al ver que una ley promovida por el correísmo fue finalmente rechazada por sus propias filas, mientras que Adrián Castro, de ADN, fue más directo: “El correísmo quiso lavarse la cara. Esta ley se diseñó como una herramienta política para premiar a los GAD afines y castigar a los opositores. Hoy, ante la presión ciudadana, les resultó incómoda y prefirieron retroceder”.
Con este archivo, Ecuador sigue sin una legislación actualizada que regule sus límites territoriales internos, un vacío legal que complica la planificación estatal y mantiene latentes los conflictos entre provincias.
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