La multimillonaria fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery sufrió un nuevo obstáculo judicial en Estados Unidos. Una jueza federal ordenó este lunes la suspensión temporal del cierre de la operación, valorada en 110.000 millones de dólares, tras una demanda presentada por una coalición de 12 estados que busca impedir la transacción al considerar que podría generar un monopolio en la industria del entretenimiento.
La decisión fue emitida por la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Distrito Norte de California, quien dictó una orden de restricción temporal que bloquea la fusión durante al menos 14 días y convocó a una audiencia para el 3 de agosto, fecha en la que ambas partes deberán presentar sus argumentos ante el tribunal.
Los estados demandantes buscan detener la operación
La resolución responde a una demanda presentada la semana pasada por una coalición liderada por California y Nueva York, que sostiene que la integración entre Paramount y Warner Bros. Discovery “eliminaría la competencia” en Hollywood y violaría una ley federal de 1914 que prohíbe las fusiones con alta probabilidad de reducir de manera sustancial la competencia en un mercado.
En su orden, la jueza estableció que:
“Se prohíbe temporalmente a los demandados cerrar o consumar cualquier medida directa o indirecta para integrar o consolidar sus operaciones”.
La restricción también alcanza a agentes, directivos, empleados, abogados y cualquier persona involucrada en el proceso de fusión, quienes no podrán continuar con las gestiones destinadas a concretar la operación mientras esté vigente la medida cautelar.
Temor a una concentración excesiva del mercado
Según los estados demandantes, la empresa resultante tendría un peso dominante en varios segmentos clave de la industria audiovisual.
La demanda sostiene que la compañía combinada concentraría:
- cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica,
- más del 30 % del segmento de grandes estrenos de taquilla,
- y una posición aún más fuerte en el negocio de los canales básicos de televisión por cable.
El fiscal de California, Rob Bonta, calificó la operación de “ilegal” y advirtió que podría traducirse en:
- precios más altos,
- menor calidad de los contenidos,
- menos producciones cinematográficas y televisivas,
- y un impacto negativo para las salas de cine, distribuidores de televisión por cable y consumidores.
Hollywood también se opone
El proceso judicial sumó además el respaldo del Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA), que representa a cerca de 20.000 trabajadores de la industria.
La organización argumentó que la fusión provocaría una pérdida masiva de empleos debido a los recortes operativos que suelen acompañar este tipo de integraciones empresariales, especialmente cuando disminuye el número de competidores en el mercado.
El sindicato sostiene que la concentración de poder en menos estudios reduciría las oportunidades laborales para guionistas y otros profesionales del sector audiovisual.
El Departamento de Justicia había dado luz verde
La suspensión judicial contrasta con la posición adoptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en junio de 2026 aprobó la compra de Warner tras concluir que la operación no perjudicaría la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos.
Según esa evaluación, las pruebas recopiladas durante la investigación indicaban que la empresa fusionada podría incluso incrementar la competencia frente a gigantes del streaming y los medios digitales, al fortalecer su capacidad para disputar mercado a compañías como Netflix, Disney y Amazon.
Una revisión que también sigue en Europa
Además de California y Nueva York, la demanda cuenta con el respaldo de:
- Arizona,
- Colorado,
- Connecticut,
- Massachusetts,
- Minnesota,
- Nevada,
- Nueva Jersey,
- Nuevo México,
- y Oregón.
Mientras tanto, la operación continúa bajo análisis en la Unión Europea, donde las autoridades de competencia aún no han decidido si otorgarán su aprobación.
El caso se perfila como una de las batallas regulatorias más importantes del sector de medios y entretenimiento en los últimos años, y podría definir hasta qué punto las autoridades están dispuestas a permitir nuevas concentraciones empresariales en un mercado ya dominado por un reducido grupo de grandes compañías audiovisuales.
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