La Justicia rusa condenó este viernes a tres años y medio de prisión a la bloguera Sofía Vershínina, conocida en redes sociales como Sonia Marmeládovna, por distribuir contenido pornográfico a través de internet, en un caso que evidencia el endurecimiento de las acciones de las autoridades contra los creadores de contenido para adultos.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal de Moscú impuso a la influencer una multa de 4,8 millones de rublos, equivalente a aproximadamente 60.000 dólares, según informó el canal ruso de Telegram Ostorozhno Nóvosti.
Segundo caso de alto perfil
La condena se produce pocos días después de que trascendiera el proceso judicial contra la bloguera Diana Shuríguina, quien permanece en prisión preventiva mientras es investigada por presuntamente distribuir contenido para adultos mediante la plataforma OnlyFans.
Ambos casos han llamado la atención porque, aunque la distribución de pornografía está penalizada en Rusia desde 1996, las autoridades no habían impulsado una ofensiva tan visible contra figuras conocidas de esta industria en los últimos años.
Un país con una importante industria de webcams
Paradójicamente, Rusia figura entre los países con mayor presencia de modelos dedicadas a transmisiones para adultos por internet, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en número de actrices de webcam, de acuerdo con reportes citados por medios rusos.
Sin embargo, debido a las restricciones legales y, más recientemente, a las sanciones internacionales derivadas de la guerra en Ucrania, gran parte de estas creadoras desarrolla actualmente su actividad desde terceros países como Tailandia, Armenia y Georgia.
Las dificultades para recibir pagos internacionales y las limitaciones legales han provocado que numerosos estudios de producción trasladaran sus operaciones fuera del territorio ruso.
Redadas y controles
Entre 2020 y 2021, las fuerzas de seguridad realizaron operativos contra estudios de contenido para adultos en ciudades como Volgogrado, Krasnoyarsk, San Petersburgo y Omsk.
Durante esas investigaciones, las autoridades denunciaron presuntos casos de explotación laboral, utilización de mujeres en situación de vulnerabilidad e incluso promoción de contenido relacionado con menores de edad.
Posteriormente, diversos medios rusos señalaron que, debido a la saturación del mercado de transmisiones por internet y la disminución de ingresos, parte de esa industria habría migrado hacia actividades vinculadas con la prostitución.
Contraste legal
Mientras la distribución de pornografía constituye un delito penal que puede implicar varios años de prisión, la prostitución en Rusia continúa siendo considerada una infracción administrativa, sancionada generalmente con multas económicas.
En cambio, el proxenetismo sí constituye un delito y puede ser castigado con penas de hasta cinco años de cárcel.
Debate sobre la «doble moral»
El endurecimiento de las medidas contra las creadoras de contenido para adultos coincide con la política impulsada por el Kremlin de promover los valores tradicionales y la familia como eje de la sociedad rusa.
No obstante, diversos medios locales han señalado que esta postura contrasta con la existencia de una activa industria de servicios sexuales en las principales ciudades del país y con los frecuentes escándalos que, durante los últimos años, han vinculado a integrantes de las élites económicas y políticas con actividades relacionadas con la prostitución.
La reciente condena contra Sofía Vershínina y el proceso abierto contra Diana Shuríguina reflejan un cambio en la estrategia de las autoridades rusas, que parecen haber intensificado la persecución penal contra la difusión de contenido para adultos en plataformas digitales, en un contexto de creciente conservadurismo impulsado por el Estado.
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