El ministro de Gobierno, José de la Gasca, se pronunció sobre la reciente delegación de la Presidencia a Cynthia Gellibert por parte del mandatario Daniel Noboa. En una entrevista concedida el 6 de febrero de 2025 a Radio Centro Digital, defendió la legalidad de esta decisión y aclaró las implicaciones de la sentencia de la Corte Constitucional (CC).
Según De la Gasca, la CC determinó que no es necesario un encargo formal de la Presidencia cuando operan circunstancias de fuerza mayor, ya que el traspaso de funciones se da automáticamente. Desde su perspectiva, esto respalda la designación de Gellibert como vicepresidenta y, en consecuencia, su ejercicio temporal del poder.
El ministro aseguró que la sentencia del máximo tribunal no invalida el Decreto Ejecutivo 490, con el que Noboa envió a Verónica Abad a Turquía como consejera diplomática. Tampoco afecta el Decreto 494, que designó a Gellibert como vicepresidenta ante la ausencia de Abad en territorio turco.
Ausencia de Noboa y Debate sobre Proselitismo
De la Gasca también se refirió al oficio enviado por el presidente a la Asamblea Nacional, en el que notificó su ausencia del poder durante el 6 de febrero, desde las 05:00 hasta las 23:59, debido al cierre de campaña electoral.
El ministro enfatizó que Noboa no ha incurrido en proselitismo mientras ostenta el cargo, ya que, a su criterio, la campaña se desarrolla principalmente en redes sociales. «Lo único que ha hecho es salir a gobernar y recorrer el país», aseveró, minimizando las críticas sobre un posible uso de recursos del Estado para promover su imagen.
Fallos de la Corte Constitucional y Debate Jurídico
Los cuestionamientos en torno a las acciones del presidente se intensificaron tras la sentencia de la Corte Constitucional del 7 de enero de 2025, que declaró inconstitucionales los decretos 500 y 505.
El Decreto 500 fue anulado porque la Constitución, en su artículo 146, establece que, ante la ausencia del jefe de Estado, la Vicepresidencia asume automáticamente sus funciones, sin necesidad de un decreto.
Por otro lado, el Decreto 505 fue declarado inconstitucional debido a que un decreto ejecutivo no puede prever circunstancias de fuerza mayor, ya que, por definición, son hechos imprevisibles.
El debate sobre la legalidad del accionar del Ejecutivo sigue abierto, mientras el gobierno defiende la validez de sus decisiones en un contexto político marcado por tensiones y cuestionamientos jurídicos.
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