Las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han desestimado las denuncias de fraude electoral planteadas por los dos candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta electoral el 13 de abril. Ambas entidades coincidieron en que no existen evidencias objetivas que respalden estas acusaciones y han instado a los actores políticos a evitar la difusión de desinformación.
Narrativa de fraude sin fundamentos, según observadores
La polémica sobre la legitimidad del proceso electoral se intensificó en los días previos al 9 de febrero, cuando el dirigente del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), Andrés Arauz, difundió en redes sociales advertencias sobre un supuesto intento de manipulación de los resultados. En un mensaje publicado en X el 3 de febrero, Arauz alertó sobre “operaciones de bandera falsa y ataques con inteligencia artificial” dirigidos a interferir en las elecciones.
Tras la jornada electoral, en la madrugada del 10 de febrero, volvió a encender las alarmas al acusar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de haber borrado archivos y datos de la plataforma de escrutinio Azure, utilizada para el registro y publicación de los resultados.
Paralelamente, el expresidente Rafael Correa reforzó estas denuncias al señalar la supuesta existencia de una “mafia mediática” que intentaría imponer un resultado fraudulento. Sin embargo, a pesar de estas acusaciones, la candidata de la RC, Luisa González, celebró los resultados preliminares, calificándolos como una “gran victoria” al confirmar su pase a la segunda vuelta.
Por su parte, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, también sugirió la existencia de irregularidades en el escrutinio. En una entrevista el 11 de febrero, señaló que en algunas provincias había inconsistencias en los números y que estos no coincidían con el conteo rápido de la OEA, que le otorgaba una cifra superior.
Además, Noboa denunció que en provincias de la Costa —donde obtuvo menores porcentajes de votación— ciudadanos habrían sido amenazados por grupos criminales para votar a favor de la RC. “Tenemos la evidencia y hemos presentado impugnaciones. Entregamos la información a los observadores de la OEA y al CNE”, aseguró.
La respuesta de la UE y la OEA: sin pruebas de fraude
Las acusaciones de fraude fueron rechazadas por los organismos internacionales de observación electoral. En su informe preliminar, presentado el 11 de febrero, la Misión de Observación de la UE, presidida por el eurodiputado Gabriel Mato, desestimó las denuncias.
“Lamento que haya desinformación que se haya sumado a una narrativa de fraude. En un momento, esta narrativa fue impulsada por la candidata de la RC y su partido, y ahora la vemos también en el propio presidente Noboa. No hemos observado ningún elemento objetivo que avale esta acusación”, afirmó Mato.
Pocas horas después, la Misión Electoral de la OEA respaldó esta postura. A través de un comunicado, destacó que los resultados reportados por el CNE coinciden con su conteo rápido y están dentro del margen de error.
“Los resultados reflejan que habrá una segunda vuelta. La misión no identificó ni recibió indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección”, señaló la OEA.
Además, el organismo recordó que su conteo rápido no sustituye ni interfiere en las atribuciones de las autoridades electorales y exhortó a que cualquier denuncia se tramite a través de los canales institucionales.
El CNE respalda informes internacionales
Aunque los vocales del CNE no se han pronunciado directamente sobre las acusaciones de los candidatos, la entidad difundió en sus redes sociales mensajes destacando las declaraciones de la UE y la OEA, reafirmando la transparencia del proceso electoral.
La polémica en torno a los resultados electorales deja en evidencia la polarización política del país de cara a la segunda vuelta. No obstante, los observadores internacionales han hecho un llamado a la responsabilidad y al respeto de la institucionalidad electoral, en un intento por evitar que la incertidumbre erosione la confianza en el sistema democrático.
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