El asesinato del teniente coronel Porfirio Cedeño, oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), a manos de sicarios cerca de la Penitenciaría del Litoral, confirma que Ecuador está en estado de guerra contra el crimen organizado, según afirmó el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
El crimen ocurrió cuando Cedeño se dirigía desde Guayaquil a Manta para participar en la ceremonia militar que conmemoraba el 30° aniversario de la victoria aérea en la Guerra del Cenepa (1995). En el trayecto, su vehículo fue interceptado por sicarios, quienes lo acribillaron a tiros, sumando un nuevo ataque en la escalada de violencia que azota al país.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, subrayó que el enemigo de Ecuador ya no es un país extranjero, sino el narcotráfico y la inseguridad. “Hagamos que a este doloroso minuto de silencio le siga un grito de guerra”, expresó durante su discurso en la ceremonia militar.
Estado de excepción y escalada de violencia
El Gobierno ecuatoriano sostiene que este atentado reafirma la necesidad de mantener el estado de excepción decretado por Noboa, que rige en siete provincias, además de la capital, Quito, y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, una de las principales zonas mineras del país.
El asesinato del teniente coronel Cedeño no es un hecho aislado. Apenas dos días antes, fue ejecutado a tiros René Zamora, teniente político del cantón Olmedo, en Manabí. Asimismo, en los últimos meses han sido blanco de atentados alcaldes, funcionarios municipales, fiscales y empleados del sistema penitenciario, en ataques que las autoridades atribuyen a bandas criminales.
La violencia ha alcanzado niveles alarmantes: Ecuador cerró 2023 con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. En medio de esta crisis, en las últimas horas se han registrado hechos de extrema brutalidad, como el asesinato de una niña de 2 años y un adulto en un ataque armado en el sur del país, así como la muerte de un bebé de 11 meses en otro atentado en la provincia costera de Manabí.
Desde inicios de 2024, Noboa declaró un “conflicto armado interno” contra las organizaciones criminales, otorgando facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para combatirlas. Sin embargo, el país sigue sumido en un escenario de extrema violencia, con atentados que reflejan el poder y la brutalidad de las mafias que operan en su territorio.
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