La Fiscalía de Cochabamba desestimó la denuncia presentada por el expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), para investigar el presunto ataque armado que sufrió en octubre de 2024. La decisión fue confirmada este jueves (20 de febrero de 2025) por Nelson Cox, abogado del exmandatario, quien calificó la resolución como una vulneración a los derechos humanos.
«La Fiscalía ha confirmado este rechazo a la denuncia. Lamentablemente, el Gobierno está cometiendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y da permisividad suficiente para que exista terrorismo de Estado», declaró Cox.
El ataque que Morales denunció
El 27 de octubre de 2024, Morales aseguró que un grupo de encapuchados disparó en varias ocasiones contra su vehículo cuando transitaba por una carretera en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.
Desde el inicio, el exmandatario responsabilizó al presidente Luis Arce del hecho y luego señaló que el Gobierno de Estados Unidos también estuvo involucrado en lo que consideró un atentado en su contra.
Gobierno vs. Morales: acusaciones cruzadas
Mientras Morales exigía justicia, el Gobierno boliviano presentó su propia versión de los hechos. Según las autoridades, fue el propio Morales quien disparó contra agentes policiales que realizaban un operativo antidrogas en la zona.
Las denuncias del Ejecutivo contra Morales incluyeron imágenes y testimonios que sugerían que sus seguidores habrían incendiado dos vehículos de la Policía tras obligar a los agentes a descender.
Por su parte, Morales insistió en que los efectivos no vestían uniforme y estaban encapuchados, lo que generó sospechas sobre el real propósito del operativo. Además, sostuvo que las fotografías tomadas en el lugar del hecho mostraban la presencia de civiles durante la evacuación de un herido.
Intento de magnicidio o autoatentado
La controversia escaló cuando el Gobierno de Arce presentó una querella contra Morales por tentativa de asesinato, argumentando que el ataque en cuestión fue provocado por él mismo y su equipo de seguridad para eludir un control antidrogas.
En respuesta, Morales elaboró un documental con el que intentó desvirtuar la hipótesis del autoatentado, alegando que el incidente fue un intento de magnicidio con el objetivo de impedir su participación en las elecciones presidenciales de este año.
Recientemente, el exmandatario fue más allá y afirmó que la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.) «opera» en Bolivia y que también habría tenido participación en el presunto ataque en su contra.
Con el rechazo de su denuncia por parte de la Fiscalía, el futuro judicial y político de Evo Morales se torna aún más incierto en medio de un clima de tensión creciente en Bolivia.
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