El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, juramentó este viernes (21.02.2025) al general Julio César Avilés como jefe del Ejército para un cuarto mandato consecutivo, extendiendo así su liderazgo a 21 años al frente de las Fuerzas Armadas. La designación del militar, sancionado por Estados Unidos, refuerza la alianza entre el régimen sandinista y la cúpula castrense en un país donde Ortega ha consolidado un control absoluto del Estado.
Lealtad y poder: el respaldo militar a Ortega
En un acto celebrado en Managua, el mandatario de 79 años exaltó la «lealtad inquebrantable» de Avilés, a quien describió como un aliado clave en la estabilidad del gobierno. La ceremonia, presidida también por su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, contó con la presencia de delegaciones de países aliados como Cuba, Venezuela, Rusia y Honduras.
Avilés, de 68 años, rompió con la tradición del relevo militar cada cinco años cuando, en noviembre pasado, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que extendió a seis años los mandatos del jefe del Ejército y de la Policía Nacional. Para la oposición, esta medida busca garantizar la sucesión del poder dentro del círculo familiar de Ortega, facilitando la posible llegada de Murillo o de sus hijos al poder.
Las Fuerzas Armadas y su papel en la estabilidad del régimen
Investigaciones de medios nicaragüenses en el exilio, como Confidencial, revelan que Ortega ha fortalecido los negocios del Ejército, otorgándoles contratos millonarios como una estrategia para “comprar su fidelidad”.
El respaldo militar ha sido un pilar en la permanencia de Ortega en el poder desde 2007, consolidando lo que sus críticos describen como una «dictadura familiar». Su propio hermano, el fallecido general Humberto Ortega, exjefe del Ejército, declaró en 2023 a Infobae que las Fuerzas Armadas serán clave en cualquier eventual transición política o sucesión.
Una reforma constitucional a la medida del régimen
La nueva Constitución, aprobada en diciembre de 2024, otorgó un poder absoluto a Ortega y Murillo, con la creación del cargo de «copresidenta» para la primera dama. Además, estableció el control sobre la prensa y la Iglesia, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y legalizó la creación de la «Policía Voluntaria», conformada por civiles encapuchados para apoyar a las fuerzas de seguridad.
Estos grupos han sido señalados como los mismos paramilitares que reprimieron las protestas de 2018, un estallido social que dejó al menos 300 muertos, según la ONU.
Avilés, sancionado y señalado por violaciones a derechos humanos
El general Avilés, quien recibió formación militar en Cuba, fue sancionado en 2020 por Estados Unidos, acusado de corrupción y de permitir la represión violenta de manifestantes en 2018. Organismos de derechos humanos lo responsabilizan de haber tolerado e incluso facilitado la actuación encubierta de policías y paramilitares en los ataques contra opositores.
Con su ratificación, Avilés se mantiene como una pieza clave en la estrategia de Ortega para perpetuarse en el poder, en un contexto donde el Ejército sigue desempeñando un rol determinante en la estabilidad del régimen.
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