El Gobierno ha salido en defensa de la adjudicación del campo petrolero Sacha al consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi Oil Company y Petrolia Ecuador, filiales de la china Sinopec y la canadiense New Stratus Energy, respectivamente. Las autoridades recalcan que el proceso no implica privatización, mientras que sectores críticos advierten con acciones de resistencia.
Límites de precios y participación estatal
El contrato establece un esquema de participación basado en los precios del crudo West Texas Intermediate (WTI), fijando márgenes entre $30 y $120 por barril.
Si el precio cae a $30 o menos, la contratista recibiría una mayor participación para recuperar inversiones y gastos operativos. Según el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, el Estado recibiría en ese escenario 19% del volumen producido, una cifra superior al 12,5% que establece el reglamento de la Ley de Hidrocarburos.
Si el crudo sube a $120 o más, la participación del Estado aumentaría hasta 26,5%, superando el 20% mínimo estipulado por la normativa.
Actualmente, el precio del WTI se ubica en $68,26 en el mercado internacional.
Beneficios para el Estado y condiciones del contrato
Además de la participación en crudo, Ferreira explicó que la contratista deberá asumir contribuciones económicas inmediatas, como el pago de la Ley 40 y el uso del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
“Cuando se suman impuestos, comercialización y demás ingresos, el Estado, con un precio de $62 por barril, obtendrá el 82% de los beneficios generados por el campo”, aseguró el viceministro.
Uno de los aspectos más destacados del contrato es el pago anticipado de $1.500 millones por parte del consorcio Sinopetrol, que, según el Gobierno, será destinado exclusivamente a inversión social.
“Si no hay pago, no hay contrato”, enfatizó la ministra de Energía, Inés Manzano, al recalcar que el proceso aún no concluye. La empresa adjudicada cuenta con 30 días para presentar la documentación requerida antes de la firma definitiva.
Proceso en la mira: el Gobierno se defiende
Desde el Ejecutivo insisten en que la asignación del campo se realizó dentro del marco legal y no constituye una venta de activos estatales.
“No es un proceso a dedo. La empresa interesada presentó su propuesta y también se invitó a otras compañías”, argumentó Manzano.
El Gobierno destaca que el monto de la prima negociada es el más alto tanto en Ecuador como en la región, lo que garantiza un beneficio económico inmediato para el país.
Oposición y llamados a la resistencia
Pese a las explicaciones oficiales, grupos sociales y sectores políticos han expresado su rechazo, alegando que el proceso beneficia a intereses privados en detrimento de los recursos nacionales. Algunos colectivos han anunciado acciones legales y movilizaciones en contra del contrato.
Mientras el Ejecutivo defiende la adjudicación como un acuerdo estratégico para fortalecer la producción petrolera y la inversión social, el debate sigue abierto y la controversia promete intensificarse en las próximas semanas.
Sé el primero en comentar