La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, aclaró que la decisión sobre la suspensión de sus derechos políticos por dos años aún no es definitiva y que será el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el organismo encargado de ratificar o revocar la sentencia dictada en primera instancia por el juez Guillermo Ortega.
El pasado 27 de febrero, el juez Ortega determinó que Abad incurrió en violencia política de género, con base en el artículo 279 del Código de la Democracia, y dispuso su suspensión por dos años y el pago de una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados.
Proceso en marcha
El viernes 7 de marzo de 2025, el juez Ortega respondió al recurso de aclaración interpuesto por la defensa de Abad, en el cual la vicepresidenta solicitaba precisiones sobre la sentencia. Con esta resolución, se abre la posibilidad de que su equipo legal interponga un recurso de apelación, que deberá ser resuelto por el pleno del TCE en un plazo máximo de tres días.
La denuncia contra Abad fue presentada por Gabriela Sommerfeld Rosero, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, quien la acusó de incurrir en violencia política de género. Según la resolución judicial, Abad habría menoscabado la imagen pública de la ministra mediante declaraciones injuriosas y discriminatorias, basadas en estereotipos de género y relaciones de dominación, lo que habría obstaculizado el ejercicio de su cargo en condiciones de igualdad.
La respuesta de Abad
A través de su cuenta en la red social X, la vicepresidenta rechazó la resolución y aseguró que su suspensión aún no ha sido ratificada.
«El juez Guillermo Ortega no ratificó la suspensión de mis derechos políticos, solo resolvió dar por atendido el recurso de aclaración presentado por mi defensa. Además, ratifica que me ha notificado sin prueba ni mi firma, como exige la ley», escribió Abad.
En su publicación, también cuestionó la imparcialidad de los jueces que resolverán su caso en el pleno del TCE:
«¿Quién tiene la facultad de ratificar o revocar la sentencia? El pleno del TCE, donde cuatro jueces están siendo observados por Dios y los diferentes organismos de Derechos Internacionales», enfatizó la vicepresidenta.
Escenario jurídico y político
La decisión final del TCE podría marcar un precedente en la política ecuatoriana. De confirmarse la sanción, Abad quedaría inhabilitada para ejercer sus derechos políticos hasta 2027, lo que incluiría la imposibilidad de participar en procesos electorales o ejercer cargos de representación.
Mientras tanto, la defensa de la vicepresidenta sigue explorando las vías legales disponibles para impugnar la sentencia y evitar su eventual suspensión. El país estará atento a la resolución del TCE en los próximos días.
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