El presidente Daniel Noboa ha lanzado un ultimátum que sacude al país: el consorcio chino Sinopetrol y su socio local, Petrolia Ecuador, tienen hasta las 21:00 del martes 11 de marzo para pagar los $1.500 millones correspondientes a la prima de entrada por la operación del campo petrolero Sacha. De no cumplirse el plazo, el contrato no se firmará. Esta medida intensifica la presión sobre un proceso de delegación que ya ha encendido el debate nacional y unificado a diversos sectores de oposición.
La expectativa es alta. Mientras el consorcio espera una prórroga para cumplir con el desembolso, el Gobierno sostiene su postura: sin pago, no hay acuerdo. Lo que ocurra en las próximas horas podría redefinir la posición del Ejecutivo y avivar el clima electoral de cara a los comicios presidenciales del 13 de abril.
La joya de la corona bajo disputa
Sacha es el mayor activo petrolero del Ecuador. El pasado 5 de marzo produjo 76.400 barriles diarios de crudo, equivalente al 16 % de la producción nacional, que ascendió a 470.705 barriles, según cifras de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). El crudo Oriente que extrae este campo, con una densidad API de 25 a 26 grados, es mejor valorado en el mercado internacional frente a otros petróleos nacionales.
Precisamente por su importancia estratégica y su peso en las finanzas públicas, la adjudicación de su operación a Sinopetrol, sin un proceso de licitación pública, ha desatado una ola de críticas. Organizaciones sociales, sindicatos, y fuerzas políticas acusan al Gobierno de entregar “a dedo” la joya de la corona del sector petrolero ecuatoriano.
La oposición cierra filas y llama a movilizaciones
La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) y el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano (FDPE), que encabezan la resistencia a la concesión desde septiembre de 2024, han sumado en los últimos meses el respaldo del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Estos movimientos han convocado a una movilización nacional para el 11 de marzo, el mismo día que vence el ultimátum presidencial.
Acusan que el proceso carece de transparencia y que se han evidenciado vínculos entre los adjudicatarios y familiares del presidente Noboa. Además, aseguran que la operación provocaría un perjuicio económico al Estado superior a los $8.000 millones, permitiendo al consorcio quedarse con más del 80 % de la producción del campo.
La Asamblea Nacional y la Fiscalía ponen la lupa
Desde finales de diciembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por la asambleísta correísta Pamela Aguirre, investiga la adjudicación del campo Sacha. Aunque han sido convocados altos funcionarios del Gobierno y de Petroecuador, hasta el momento ninguno ha comparecido. La última sesión en el pleno del Legislativo, realizada el 15 de febrero, quedó suspendida tras la moción de declarar inconstitucional el acuerdo ministerial que abrió paso a la delegación, argumentando que no cumple con los requisitos de excepcionalidad exigidos por la Constitución.
Además, se ha presentado en la Fiscalía una denuncia por presunto tráfico de influencias y peculado en torno a la negociación.
El Gobierno defiende la delegación: “No es privatización”
El Ejecutivo insiste en que no se trata de una privatización. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, asegura que el Estado obtendrá $6.314 millones sin invertir un solo dólar, además de retener el 82 % de la renta petrolera. También se comprometió a que el contratista invertirá $1.700 millones para incrementar la producción a 100.000 barriles diarios, crear 1.000 empleos directos, remediar pasivos ambientales y mejorar la infraestructura del campo.
“La prima debe pagarse antes de la firma del contrato. Si no hay pago, no hay contrato”, sentenció Manzano, en una rueda de prensa convocada de manera urgente durante el feriado de carnaval, tras la filtración de la resolución que formalizaba la adjudicación a Sinopetrol.
En medio del ruido mediático y político, el presidente Noboa rompió el silencio con una carta pública el pasado 5 de marzo. Negó cualquier vinculación de su familia con las empresas involucradas y reafirmó su ultimátum. Analistas coinciden en que esta reacción del mandatario busca recuperar la narrativa y frenar el creciente descontento social.
Un debate que atraviesa la campaña electoral
Caroline Ávila Nieto, experta en comunicación política, advierte que el caso Sacha se ha convertido en un símbolo de resistencia para la oposición. “La proximidad electoral ha intensificado la sensibilidad de este tema, permitiendo que incluso fuerzas antagónicas se agrupen para rechazar la delegación del campo”, señaló.
A su juicio, el Gobierno ha cometido errores en el manejo comunicacional de la crisis, lo que ha permitido a la oposición capitalizar el descontento en plena campaña electoral.
Defensa del patrimonio o interés económico
David Almeida, secretario de la Antep, sostiene que la lucha en contra de la concesión es una defensa del patrimonio nacional y no un asunto electoral. “Nosotros vamos a defender el campo Sacha más allá del calendario electoral. No estamos en esto para conseguir votos”, afirmó, tras denunciar que han sido objeto de persecución por alertar sobre las intenciones del Gobierno.
Por su parte, Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, apoya la delegación del campo Sacha, argumentando que Petroecuador carece de los recursos para desarrollar el bloque y que es necesario transferir el riesgo a un operador privado. Aspiazu criticó la falta de eficacia del Gobierno para comunicar los beneficios del contrato y advirtió que existen intereses económicos que buscan bloquear la operación para mantener contratos vigentes con la estatal petrolera.
“Independientemente de quién gane las elecciones, Sacha debe ser concesionado”, opinó Aspiazu. “Es un paso necesario para reestructurar el sector petrolero, que hoy es insostenible”.
Una decisión que marcará el rumbo
El desenlace de esta controversia se conocerá el martes 11 de marzo. Si el consorcio Sinopetrol no cumple con el pago exigido, el contrato quedará sin efecto, pero las consecuencias políticas podrían perdurar. La forma en que el Gobierno maneje este conflicto será determinante no solo para la estabilidad del régimen de Noboa, sino para el resultado de las elecciones y el futuro del sector petrolero ecuatoriano.
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