Diez organizaciones de apoyo a personas en movilidad humana han solicitado al presidente del Ecuador, Daniel Noboa, que reconsidere la emisión del Decreto Ejecutivo 560, firmado el pasado 11 de marzo de 2025. Esta medida derogó la amnistía migratoria que permitía a los ciudadanos venezolanos regularizar su situación en el país y puso fin al Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, vigente desde 2011.
El decreto ha generado preocupación en las comunidades migrantes y en quienes trabajan en su defensa. Desde distintas fundaciones y colectivos, se advierte que la decisión podría dejar a miles de personas en situación de vulnerabilidad jurídica, económica y social.
La derogatoria del Estatuto y el fin de la amnistía
Con el Decreto 560, Noboa ordenó el cese del Estatuto Migratorio firmado en 2010, durante la presidencia de Rafael Correa, y que entró en vigencia un año después. Este acuerdo facilitaba la regularización y permanencia de ciudadanos venezolanos en Ecuador bajo un marco normativo especial.
La medida también revierte los avances alcanzados bajo el mandato del expresidente Guillermo Lasso, quien en junio de 2023, mediante el Decreto Ejecutivo 436, concedió una amnistía migratoria que permitió el registro de venezolanos que habían ingresado al país por pasos irregulares. Gracias a este proceso, iniciado en agosto de 2022, más de 156.000 venezolanos obtuvieron la Visa de Residencia Temporal de Excepción VIRTE II, habilitándolos para acceder a trabajo formal y otros derechos fundamentales.
En agosto de 2024, el propio Noboa había dispuesto un proceso extraordinario de regularización para ciudadanos venezolanos y sus familias, el cual ahora queda sin efecto con la nueva disposición.
Una decisión que genera incertidumbre
Para Otibel Valero, presidenta de la Fundación Haciendo Panas, el impacto de este decreto es preocupante. “Nos sentimos desorientados. Muchas personas habían iniciado ya un proceso de regularización y ahora no saben qué va a suceder con su situación migratoria”, expresó.
Valero explicó que el proceso de regularización contemplaba una segunda fase que permitía a los venezolanos realizar sus trámites incluso con cédulas vencidas, algo que antes no era posible. “Esta oportunidad ha sido un alivio para muchos, pero ahora la incertidumbre crece”, agregó.
Según datos de la fundación, al menos 12.000 ciudadanos venezolanos residen en la provincia de Azuay, dedicándose a distintas actividades productivas. Sin embargo, no existen cifras precisas sobre cuántos de ellos han logrado regularizarse.
Factores políticos y económicos detrás de la medida
El abogado Jhonatan Barríos, representante de la organización Venezolanos Solidarios, señala que la decisión de Noboa responde a factores políticos y económicos.
“Esto coincide con la declaración del presidente Noboa de que Ecuador no está dispuesto a recibir venezolanos deportados desde Estados Unidos”, mencionó. Barríos recordó que el gobierno de Nicolás Maduro ya había rechazado recibir a deportados venezolanos, una situación que ha generado tensiones en la región.
El dirigente también atribuye la medida a la falta de financiamiento internacional. “Con la llegada de Donald Trump al poder en EE.UU., se han suspendido fondos clave de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Estos recursos eran fundamentales para los procesos de regularización migratoria en Ecuador”, sostuvo.
Pese a tratarse de decisiones soberanas, Barríos insiste en que debe prevalecer la solidaridad con quienes huyen de la crisis humanitaria. “Miles de venezolanos siguen pasando hambre y no pueden regresar a su país. Ecuador siempre ha sido tierra de acogida, y pedimos que siga siéndolo”, concluyó.
La incertidumbre en la vida de los migrantes
El caso de Fernando Rivas, un venezolano de 38 años que reside en Cuenca desde hace nueve años, refleja el drama que viven miles de familias. Rivas inició su proceso de regularización en agosto de 2024 y ahora teme quedar en el limbo migratorio.
“Gastamos dinero en enviar documentos a Venezuela para sacar el certificado de antecedentes penales porque aquí no lo entregan. Ahora no sabemos qué va a pasar con el trámite”, relató.
Padre de dos niños ecuatorianos y casado con una compatriota, Rivas tiene un contrato laboral condicionado a la obtención de su visa. “Si no la consigo, podría perder el trabajo. Todo depende de que me aprueben el trámite”, lamenta.
Un llamado a la reflexión
Las organizaciones que han alzado su voz piden al gobierno ecuatoriano reconsiderar el Decreto 560 y reabrir los canales de diálogo para garantizar los derechos de los migrantes. “Es necesario encontrar un equilibrio entre la política migratoria y el respeto a los derechos humanos”, señalan los colectivos en un pronunciamiento conjunto.
El precedente lo sentó el propio Ecuador en 2022, cuando el entonces presidente Guillermo Lasso, mediante el Decreto 436, facilitó la regularización de ciudadanos venezolanos en situación irregular. Gracias a esta medida, miles de personas encontraron estabilidad y una oportunidad para reconstruir sus vidas.
Hoy, la comunidad venezolana espera que Ecuador continúe siendo un país de acogida y esperanza.
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