A casi una semana de que el consorcio Sinopetrol incumpliera el pago de la prima de $1.500 millones por la operación del campo Sacha, el proceso para revertir formalmente la adjudicación del bloque 60 continúa sin concretarse. Pese al vencimiento del plazo impuesto por el presidente Daniel Noboa el pasado martes 11 de marzo, el Ministerio de Energía y Minas aún no emite la resolución que deje sin efecto la concesión del mayor campo petrolero del país.
El pasado 28 de febrero, el consorcio integrado por Petrolia Ecuador—subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy—y Amodaimi Oil Company, parte de la petrolera estatal china Sinopec, fue adjudicado como operador del campo por un periodo de 20 años. La oferta económica superó las expectativas oficiales: $1.500 millones como prima inicial y un compromiso de inversión de $2.500 millones para la optimización del bloque.
Sin embargo, el ultimátum de Noboa fue claro: la firma del contrato de participación quedaba supeditada al pago inmediato de la prima. El plazo venció sin que se realizara el desembolso, lo que dejó sin efecto, en los hechos, la adjudicación.
El próximo paso: una notificación oficial que no llega
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que el siguiente paso es la notificación oficial al consorcio sobre la terminación del proceso. «Notificarles a ellos sería el siguiente paso», aseguró en declaraciones a EL UNIVERSO. Sin embargo, no precisó cuándo se hará efectiva esa comunicación ni cuándo se derogará el acuerdo ministerial que habilitó la transferencia del campo.
El acuerdo ministerial 040, emitido el 26 de noviembre de 2024, declaró la excepcionalidad del proceso y ordenó a Petroecuador devolver el campo Sacha al Ministerio de Energía, como paso previo a su delegación al sector privado. Manzano admitió que deberá derogarse o reformularse, aunque advirtió que el nuevo proceso se abriría bajo condiciones distintas. “Ya sabemos, por ejemplo, que menos de 1.500 millones no vamos a aceptar”, subrayó.
Por ahora, Petroecuador continúa como operador provisional del bloque, aunque sin la capacidad legal plena para realizar contrataciones ni garantizar la continuidad de las operaciones con la misma flexibilidad que un operador delegado.
El limbo jurídico de la adjudicación
Para deshacer formalmente la adjudicación, el Gobierno debe seguir el procedimiento previsto en derecho público: “Las cosas se deshacen como se hacen”, explica Paula Piedra Espinosa, exgerente legal de la desaparecida Petroamazonas.
Así como la ministra Manzano firmó una resolución para adjudicar el campo Sacha al consorcio Sinopetrol, ahora debe emitir una nueva resolución motivada para dejar sin efecto ese acto administrativo. “Debe estar justificada y contar, idealmente, con un informe legal de la Dirección Jurídica del Ministerio de Energía”, señala Piedra.
Según la especialista, una de las motivaciones de esa resolución debería ser el incumplimiento del plazo para el pago de la prima, establecido en la comunicación oficial del presidente Noboa al consorcio. Hasta que no se emita esa resolución, la adjudicación sigue vigente como acto administrativo.
Además, Piedra subraya la necesidad de derogar el acuerdo ministerial 040 para restituir la operación legal del campo a Petroecuador. Solo así la estatal podrá formalizar contratos y garantizar la gestión técnica del bloque.
Sacha, clave en la producción nacional
El campo Sacha, situado en la provincia de Orellana, es el mayor productor de crudo del país. Contribuye con alrededor de 70.000 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 25% de la producción total de Petroecuador.
La relevancia estratégica de este campo explica la presión del Gobierno por garantizar una operación continua y eficiente, mientras se analiza una nueva licitación para delegarlo al sector privado bajo términos más estrictos.
Silencio del consorcio y nuevos escenarios
Desde el vencimiento del plazo, las empresas que integran Sinopetrol han optado por el silencio. Ramiro Páez, representante de Petrolia Ecuador, quien había sido vocero activo durante las negociaciones, no ha emitido comentarios sobre la fallida adjudicación.
El Gobierno de Noboa, mientras tanto, evalúa opciones para el desarrollo del bloque 60. Una posibilidad es mantener la operación bajo Petroecuador, al menos en el corto plazo. Otra, reiniciar el proceso de licitación, esta vez bajo condiciones reforzadas y con un análisis más detallado del perfil de los nuevos oferentes.
“El orden es claro: primero, dejar sin efecto la adjudicación; segundo, derogar el acuerdo ministerial 040; y tercero, devolver la operación legalmente a Petroecuador”, resume Piedra.
¿Qué viene ahora?
Por el momento, la administración de Noboa enfrenta el reto de enviar señales claras de seguridad jurídica y transparencia en la gestión de los recursos estratégicos del país. Mientras no se resuelva la situación del campo Sacha, la incertidumbre podría impactar en la confianza de los inversionistas internacionales en el sector hidrocarburífero ecuatoriano.
Un hecho es claro: la expectativa del Gobierno de recibir $1.500 millones en efectivo se esfumó, y cualquier nuevo proceso para delegar Sacha deberá partir de cero, bajo la lupa de la legalidad y los intereses del Estado ecuatoriano.
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