El presidente de la República, Daniel Noboa, reafirmó este martes, a través del Decreto Ejecutivo No. 565, que el dólar estadounidense es la única unidad monetaria y medio de pago oficial en el territorio ecuatoriano. La medida busca fortalecer el sistema de dolarización, vigente desde el año 2000, y responde a recientes debates en torno a la implementación de posibles métodos de pago alternativos.
El decreto, difundido esta mañana en el Registro Oficial, establece con claridad que todas las transacciones económicas, financieras y contables en el país deberán realizarse exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de América.
Además, el Ejecutivo exhortó a la bancada de Alianza Democrática Nacional (ADN), movimiento político que respalda al gobierno, a impulsar en la Asamblea Nacional una reforma constitucional que garantice al Ejecutivo, mediante el Banco Central del Ecuador (BCE), el manejo exclusivo de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del país.
Un blindaje frente a propuestas alternativas
Durante una entrevista concedida a Radio W, el mandatario explicó que el decreto responde a lo que considera una amenaza contra la estabilidad económica del país. “El objetivo es fortalecer la dolarización. Hemos escuchado propuestas que buscan crear monedas paralelas, como los llamados ‘ecuadólares’ o sistemas de moneda electrónica manejados por el Estado”, afirmó Noboa.
El presidente advirtió que estas propuestas, promovidas principalmente desde el correísmo, podrían derivar en la creación de un sistema de pagos alternativo que, según dijo, tendría como finalidad «saldar deudas a proveedores y pagar sueldos públicos con un instrumento que carece de respaldo y que podría erosionar la confianza en la dolarización».
“Quieren implementar una dolarización a la ecuatoriana, una versión que permita sostener un gasto insostenible mediante monedas electrónicas o paralelas”, cuestionó.
Reforma al artículo 303 de la Constitución
En el texto del decreto, Noboa solicita a la bancada de ADN presentar un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 303 de la Carta Magna. La propuesta incluiría un articulado que blinde legalmente la dolarización y restrinja cualquier intento de emitir una moneda alternativa.
El proyecto plantea que “la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera será facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central”. Además, se dispone que todas las operaciones financieras deberán expresarse únicamente en dólares estadounidenses.
El documento prohíbe de manera explícita al Banco Central la emisión de cualquier tipo de moneda o instrumento de pago paralelo, y recalca que su rol se centrará en “fomentar y mantener un sistema monetario estable y coadyuvar a la estabilidad financiera”.
Asimismo, el Banco Central del Ecuador no podrá proporcionar financiamiento directo o indirecto a las instituciones del sector público, lo que busca impedir prácticas de endeudamiento interno que pongan en riesgo la sostenibilidad de la dolarización.
Reacciones en el ámbito político y económico
El decreto presidencial se da en medio de un clima de tensión política, con sectores de oposición que han planteado la implementación de sistemas alternativos de pago como una vía para aliviar la presión fiscal del Estado. Expertos en economía consideran que cualquier medida que implique la creación de una moneda paralela pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional.
La decisión de Noboa ha sido bien recibida por gremios empresariales y financieros, que han advertido en repetidas ocasiones sobre los peligros de flexibilizar el régimen monetario. No obstante, desde la bancada correísta se ha señalado que la postura del gobierno responde más a intereses políticos que a un análisis técnico.
El desafío de preservar la dolarización
A 25 años de su instauración, la dolarización se mantiene como el ancla económica del Ecuador. La propuesta del presidente Noboa apunta a otorgar un blindaje constitucional al sistema, en un contexto donde la sostenibilidad fiscal y la disciplina monetaria son temas centrales del debate público.
El siguiente paso estará en manos de la Asamblea Nacional, donde la bancada oficialista buscará viabilizar la reforma constitucional que, según el Ejecutivo, es clave para proteger el futuro económico del país.
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