Esta tarde, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podría definir el futuro de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, quien enfrenta una posible suspensión de sus derechos de participación por un periodo de dos años, tras ser hallada responsable de incurrir en violencia política de género. La denuncia fue interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero.
La sesión decisiva está prevista para las 18:15 de este viernes, apenas 48 horas antes del inicio oficial de la campaña electoral de segunda vuelta. En estos comicios, el presidente Daniel Noboa Azín, quien busca la reelección por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, se enfrenta a la candidata del correísmo, Luisa González, auspiciada por la alianza Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), listas 5 y 33.
Apelación en etapa final
El recurso de apelación que se resolverá en el TCE fue presentado por Abad, luego de que en primera instancia el juez electoral Guillermo Ortega la sancionara con la suspensión de sus derechos políticos por dos años y el pago de una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados. Ortega concluyó que Abad incurrió en una infracción electoral muy grave, tipificada en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia, en relación con los numerales 3, 7 y 10 del artículo 280 del mismo cuerpo normativo.
La denuncia fue presentada por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien acusó a la segunda mandataria de violencia política de género, una figura reconocida en la legislación electoral como una vulneración grave a los derechos de participación de las mujeres en la vida pública.
El escenario en el TCE
Antes de llegar a esta instancia, el pleno del TCE resolvió el pasado 19 de marzo rechazar dos recusaciones planteadas por Abad contra los jueces Ivonne Coloma y Ángel Torres, a quienes señaló por presunta “enemistad manifiesta”. Con esa decisión, el juez Joaquín Viteri, ponente del recurso de apelación, reanudó el tratamiento del caso y convocó al pleno para resolverlo en la sesión de esta tarde.
De confirmarse la sanción impuesta por Ortega, el Ministerio de Trabajo deberá certificar que Verónica Abad queda impedida de ocupar cargos públicos durante los próximos dos años, en cumplimiento de la suspensión de sus derechos políticos.
Implicaciones en la campaña presidencial
Una eventual ratificación de la sanción contra Abad abriría el camino para que el presidente-candidato, Daniel Noboa Azín, pueda encargar temporalmente la Presidencia de la República a otro funcionario, tal como permite la normativa electoral, para dedicarse a su campaña y participar en el debate presidencial obligatorio del próximo domingo 23 de marzo a las 20:00.
Esta decisión se produce en la recta final del proceso electoral, de cara a la segunda vuelta prevista para el 13 de abril, en la que Noboa disputa la jefatura del Estado con la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.
Actualmente, Verónica Abad cumple funciones diplomáticas en Ankara, Türkiye, tras haber sido designada como encargada de negocios en la representación ecuatoriana en ese país por decisión del Ejecutivo.
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