El exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Augusto Verduga, a quien señala por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas, así como asociación ilícita.
La acusación surge a raíz de supuestas irregularidades detectadas en el proceso que concluyó con la destitución de Guarderas en diciembre de 2024. Según el denunciante, el informe que sustentó su remoción —aprobado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional— habría sido elaborado por Verduga sin que este ostentara el cargo de asesor acreditado en dicha instancia legislativa.
Presunta usurpación de funciones
De acuerdo con el escrito ingresado a la Fiscalía, Verduga no formaba parte del equipo técnico de la Comisión al momento de intervenir en la elaboración del informe. Esto, según Guarderas, podría configurar el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La normativa vigente exige que los informes legislativos de esta naturaleza sean preparados exclusivamente por funcionarios designados y acreditados.
Guarderas asegura que la participación de Verduga en el proceso no solo habría violentado los procedimientos reglamentarios, sino que también podría evidenciar un esquema de asociación ilícita. La denuncia sugiere que habría existido una coordinación irregular entre Verduga y otros miembros de la Comisión de Fiscalización, lo que derivó en la elaboración de un informe cuestionado en su legalidad.
Implicaciones y posibles responsabilidades
En el documento remitido al Ministerio Público, Guarderas solicita que se amplíe la investigación a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pamela Aguirre, y a los asesores legislativos que habrían participado en el proceso. El exconsejero pide esclarecer el grado de responsabilidad de todos los involucrados en lo que considera un procedimiento viciado que terminó con su remoción del CPCCS.
Adicionalmente, Guarderas anexó como prueba una publicación de un medio digital que revelaría que la Fiscalía ya habría iniciado una investigación previa sobre la elaboración del mencionado informe.
Contexto del caso
El proceso de destitución de Guarderas fue impulsado por la Comisión de Fiscalización a finales de 2024, en medio de un clima de tensión política. La resolución fue aprobada por el pleno de la Asamblea Nacional, en base al informe que ahora es objeto de cuestionamientos.
Por su parte, Augusto Verduga, quien fue consejero del CPCCS y ha sido vinculado a otros casos polémicos, se encuentra fuera del país. Según fuentes oficiales, salió de Ecuador en las últimas semanas, lo que ha generado preocupación entre algunos sectores políticos sobre su eventual retorno.
La Fiscalía General del Estado aún no se ha pronunciado sobre el avance de las investigaciones, aunque se prevé que en los próximos días se convoque a las primeras diligencias para determinar si existieron irregularidades en el proceso de destitución y la presunta comisión de delitos.
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