El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó este lunes el pedido de apelación presentado por la vicepresidenta Verónica Abad, confirmando así la sentencia de primera instancia que la sanciona con la suspensión de sus derechos políticos por dos años y el pago de una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados.
Además, el fallo dispone que Abad ofrezca disculpas públicas a la canciller Gabriela Sommerfeld, a quien dirigió expresiones que, según el tribunal, constituyeron violencia política de género.
El fallo y los votos en el Pleno
La resolución fue aprobada con los votos a favor de Joaquín Viteri, ponente del fallo, Ángel Torres e Ivonne Coloma, presidenta del TCE. En contraste, los jueces Fernando Muñoz y Richard González se apartaron de la decisión.
Con esta ratificación, el TCE concluyó que Abad incurrió en una falta electoral grave, tipificada en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia, al ejercer violencia política contra la canciller.
Los argumentos de la sentencia
El fallo confirma la resolución de primera instancia dictada por el juez Guillermo Ortega, quien determinó que la vicepresidenta utilizó expresiones que menoscabaron la imagen pública de Sommerfeld y promovieron estereotipos de género que reproducen relaciones de dominación.
Entre las declaraciones de Abad que el tribunal consideró constitutivas de violencia política se encuentran calificativos como:
«Sorda»
«Que no actúa»
«Que destierra»
«Que secuestra»
«Que amenaza»
«Incapaz de ejercer su función»
«Que la presiona para que renuncie»
«Que tiene una agenda oscura»
Según la sentencia, estas expresiones no solo afectaron la dignidad de Sommerfeld, sino que además representaron un abuso de poder por parte de Abad al ostentar un cargo superior dentro del Gobierno.
Implicaciones de la decisión
La ratificación de la sanción por parte del TCE significa que la vicepresidenta Verónica Abad no podrá participar en procesos electorales ni ejercer sus derechos políticos durante los próximos dos años. Además, la multa económica impuesta refuerza la gravedad de la infracción cometida.
Este caso marca un precedente en la aplicación de sanciones por violencia política de género en Ecuador y refuerza el papel del Tribunal Contencioso Electoral en la garantía de una participación política libre de discriminación y violencia.







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