En Ecuador, la protección de datos personales sigue siendo una tarea pendiente. Mientras empresas e instituciones abusan de la información de los ciudadanos, muchas personas desconocen sus derechos y la importancia de restringir la entrega de sus datos en ciertas situaciones.
Desde la Superintendencia de Protección de Datos, la preocupación es creciente, especialmente en relación con el Registro Civil y el Servicio de Rentas Internas (SRI), entidades que manejan información sensible de la población.
Uno de los principales problemas es la emisión de documentos oficiales como la cédula de identidad y las facturas, que contienen datos innecesarios y vulneran el principio de minimización, que busca limitar la exposición de la información personal.
¿Por qué la cédula ecuatoriana expone demasiada información?
En países con altos estándares de protección de datos, como los europeos, las cédulas de identidad contienen información mínima: fotografía, nombres completos y fecha de nacimiento, suficiente para acreditar la identidad y la capacidad legal de una persona.
Sin embargo, en Ecuador, la cédula incluye datos adicionales como código dactilar, firma, nombres de los padres y profesión, elementos que podrían facilitar fraudes y falsificaciones.
“El código dactilar y la firma expuestos en la cédula pueden ser utilizados indebidamente. Además, ¿qué aporta a nuestra identificación que se sepa quiénes son nuestros padres o qué profesión tenemos? Aquí la norma choca con la realidad”, enfatiza Fabricio Peralta, superintendente de Protección de Datos.
Otro problema es el uso excesivo de la cédula. Este documento es exigido para todo tipo de trámites, desde ingresar a urbanizaciones hasta realizar transacciones bancarias o recibir un paquete de mensajería.
“Es un problema cultural en Latinoamérica. En cualquier lugar ahora le escanean la cédula, los ‘couriers’ le piden copia o le toman una foto. Esto abre la puerta a usos indebidos y los ciudadanos tienen derecho a negarse”, advierte Peralta.
Facturas con datos innecesarios: ¿un riesgo para la privacidad?
Otro de los documentos observados por la Superintendencia son las facturas comerciales, que incluyen información que podría facilitar el acceso no autorizado a los datos de los ciudadanos.
“La factura contiene demasiados datos. ¿Por qué debemos proporcionar nuestra dirección? ¿Por qué nos exigen nuestro número celular? Lo recomendable es dar un número convencional”, señala Peralta.
La filtración de esta información ha dado origen a bases de datos que se comercializan y terminan en molestas llamadas de empresas de cobranzas y operadoras telefónicas, una de las principales quejas ciudadanas.
¿Cómo proteger los datos personales?
La protección de datos es un derecho que cada ciudadano debe ejercer de manera activa. Sin embargo, muchas veces se enfrentan a una relación de poder desigual: si no entregan su información, pueden quedar excluidos de ciertos servicios.
Luis Enríquez, intendente de Innovación Tecnológica, reconoce que esta asimetría es un problema estructural, pero Gabriela Villafuerte, experta en protección de datos, recalca que los ciudadanos tienen derecho a exigir información clara sobre el uso de sus datos.
“Toda persona debe saber cómo será usada su información, quién es responsable de su manejo, bajo qué base legal se solicita, cómo será tratada, por cuánto tiempo se almacenará y si será compartida con terceros. Todo esto está contemplado en la Ley de Protección de Datos”, explica Villafuerte.
Denuncias y acciones legales
Desde septiembre de 2025, la Superintendencia de Protección de Datos ha recibido 65 denuncias, la mayoría relacionadas con llamadas no autorizadas de operadoras telefónicas y empresas de cobranza.
Las empresas o instituciones tienen 15 días para responder a una queja sobre el uso indebido de datos personales. Si no hay respuesta, los ciudadanos pueden presentar una denuncia formal ante la Superintendencia a través de su página web o en sus oficinas en Quito.
El desafío sigue siendo grande, pero el primer paso es que los ciudadanos conozcan y ejerzan su derecho a la protección de su información personal.
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