La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que eliminó el derecho a la bonificación por desahucio para los trabajadores que deciden poner fin a su relación laboral por separación o retiro voluntario.
El recurso, presentado el martes 1 de abril de 2025 ante la Corte Constitucional, solicita la suspensión provisional de los efectos de la resolución mientras se analiza el caso. Según Núñez, la medida afecta garantías constitucionales y vulnera derechos adquiridos de los trabajadores públicos y privados, establecidos en el Código del Trabajo.
¿Qué establece la resolución impugnada?
El pronunciamiento de la CNJ, fechado el 22 de enero de 2025, determinó que los trabajadores que renuncien voluntariamente no pueden recibir la bonificación por desahucio, pues esto implicaría un doble beneficio por la terminación del contrato laboral.
El desahucio es una compensación económica prevista en el artículo 184 del Código del Trabajo, destinada a los trabajadores despedidos sin causa justificada. Sin embargo, la CNJ resolvió que no debe aplicarse a quienes renuncian voluntariamente, ya que su salida no responde a una decisión del empleador.
El impacto en el sector público
En el sector público, esta decisión afecta a quienes se acogen a la jubilación, ya que no recibirán la bonificación por desahucio. Según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), los empleados que opten por el retiro voluntario tienen derecho a una compensación económica de hasta siete salarios básicos unificados por cada año de servicio, con un tope de 210 salarios básicos.
Los argumentos de la ministra
En su demanda, Núñez sostiene que la terminación del contrato por retiro voluntario es un acuerdo entre las partes y que la resolución de la CNJ es ambigua y genera confusión en el sector laboral, al no especificar claramente a quiénes afecta.
Asimismo, argumenta que la medida restringe derechos laborales previstos en el Código del Trabajo y constituye una acción regresiva, contraria al principio de progresividad de los derechos consagrado en la Constitución.
Por ello, Núñez solicita a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la resolución de la CNJ y restablezca el derecho a la bonificación por desahucio para quienes se separan voluntariamente de su trabajo.
El debate sobre este tema se mantiene abierto y podría marcar un precedente clave en la legislación laboral ecuatoriana.
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