La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes que más de 200 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador se encuentran en condición de desaparición forzada y detención arbitraria, tras ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad destinada originalmente a pandilleros.
Los migrantes fueron deportados por la Administración del presidente Donald Trump el pasado 15 de marzo, bajo acusaciones de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, HRW sostiene que no existe evidencia pública que sustente esas acusaciones, y que, hasta la fecha, los migrantes permanecen incomunicados y sin acceso a asistencia legal.
Según un comunicado de la organización, al menos 238 venezolanos fueron trasladados a El Salvador, donde el Gobierno del presidente Nayib Bukele los habría recluido sin dar detalles sobre su situación jurídica. HRW indica que ha entrevistado a 40 familiares de los detenidos, quienes aseguran no haber recibido ninguna información oficial ni de las autoridades estadounidenses ni salvadoreñas sobre el paradero o las condiciones de los migrantes.
Un limbo legal sin respuestas
“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “La crueldad de los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas fuera de la protección de la ley y ha causado un dolor inmenso a sus familias”.
La ONG recordó que, según los estándares internacionales, una desaparición forzada se configura cuando una persona es privada de libertad por autoridades del Estado y su paradero es ocultado deliberadamente, dejándola fuera del amparo legal y sin posibilidad de defensa.
HRW también denunció que las familias fueron informadas por autoridades migratorias de EE.UU. que sus allegados serían deportados a Venezuela. “Nadie les mencionó que serían trasladados a El Salvador”, señala la organización, lo que suma una capa de opacidad a un proceso que ha dejado a los migrantes en un limbo jurídico y humanitario.
Llamado urgente a Washington y San Salvador
Human Rights Watch ha enviado una carta oficial al Gobierno salvadoreño solicitando información sobre la identidad, condiciones de detención y base legal para retener a los migrantes en el Cecot. A la fecha, según la organización, no ha habido respuesta.
En ese sentido, HRW exige al Gobierno de EE.UU. que revele la identidad de los deportados y a El Salvador que confirme su ubicación, garantice condiciones mínimas de detención, y permita el contacto con familiares y abogados.
“La falta de transparencia y la negativa de ambos Gobiernos a brindar información no solo representa una violación de derechos, sino que deja a cientos de personas completamente indefensas, dependiendo de retazos de información en los medios para saber qué ha sido de sus seres queridos”, advirtió Goebertus.
Próximo encuentro Trump–Bukele bajo la lupa
La denuncia de HRW coincide con el anuncio oficial de la Casa Blanca, que confirmó una reunión entre el presidente Trump y su homólogo salvadoreño Nayib Bukele el próximo lunes. La cita ha generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos, que advierten que el acuerdo para recibir migrantes deportados podría replicarse con otros países, estableciendo un preocupante precedente en la política migratoria regional.
Mientras tanto, las familias de los venezolanos recluidos en el Cecot siguen esperando una respuesta. “Ningún ser humano debería ser reducido al silencio y la invisibilidad por razones políticas o migratorias”, concluyó HRW.
Contexto
Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot): Megacárcel inaugurada en 2023 por el gobierno salvadoreño, con capacidad para 40.000 internos, principalmente miembros de pandillas.
Tren de Aragua: Organización criminal de origen venezolano, señalada por operar en varios países de América Latina.
Ley internacional: Establece que toda persona detenida debe tener derecho a saber los motivos de su detención, acceso a un abogado y contacto con familiares.
Lo que pide HRW:
Divulgación de la identidad de los migrantes deportados.
Confirmación de su paradero y estado legal.
Garantías de contacto con el mundo exterior.
Respuesta oficial del Gobierno de El Salvador a su carta enviada el 5 de abril.
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