A tan solo horas de que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el Gobierno Nacional ha emitido un nuevo decreto de estado de excepción que abarca siete provincias, dos cantones específicos y el sistema penitenciario del país. La medida, de carácter urgente, responde al incremento sostenido de los índices de violencia y delitos cometidos por grupos armados organizados, según consta en el documento oficial.
Las provincias incluidas en este nuevo régimen de excepción son: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. A ellas se suman el Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Además, se extiende a todos los centros carcelarios del país.
Esta decisión se produce en continuidad con la medida adoptada en marzo pasado, cuando ya se había prorrogado por 30 días un estado de excepción por grave conmoción interna en varias de las provincias mencionadas.
60 días de emergencia y restricción de derechos
El nuevo estado de excepción tendrá una duración de 60 días y contempla restricciones de movilidad entre las 22:00 y las 05:00 en un total de 22 cantones, distribuidos en las provincias más afectadas por la violencia.
Cantones con toque de queda:
- Azuay: Camilo Ponce Enríquez
- Guayas: Durán, Balao y la parroquia Tenguel
- Los Ríos: Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Puebloviejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo
- Orellana: Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana, Loreto
- Sucumbíos: Shushufindi, Lago Agrio
Durante este horario, las personas que circulen sin justificación serán puestas a órdenes de las autoridades, informó el Ejecutivo.
Suspensión de derechos constitucionales
El decreto también contempla la suspensión de derechos fundamentales en las jurisdicciones intervenidas. Entre ellos, se incluye:
- La inviolabilidad de domicilio, lo que permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional realizar inspecciones, allanamientos y requisas sin orden judicial previa, con el fin de ubicar a integrantes de organizaciones criminales.
- La inviolabilidad de correspondencia, facultando a las fuerzas del orden a revisar comunicaciones físicas y digitales si así lo ameritan las investigaciones.
- El derecho a la libertad de reunión, que podrá ser restringido si se considera que una concentración pública representa un riesgo dentro del contexto del estado de excepción.
El Gobierno ha señalado que estas restricciones se aplicarán bajo los principios de proporcionalidad, necesidad, idoneidad y en estricto apego a las garantías constitucionales.
Seguridad frente a la jornada electoral
La decisión de activar esta medida excepcional a pocos días de la segunda vuelta presidencial, prevista para el domingo 13 de abril, ha sido justificada como un intento por garantizar la seguridad de los votantes y el normal desarrollo del proceso electoral, especialmente en zonas de alta conflictividad.
La presencia de grupos armados organizados, vinculados al narcotráfico y otras economías ilegales, ha obligado al Estado a redoblar esfuerzos para contener la violencia que ha cobrado fuerza en los últimos años, particularmente en sectores estratégicos del litoral y de la Amazonía.
Mientras tanto, el país se prepara para una jornada democrática en medio de uno de los climas más tensos de su historia reciente, con el desafío de conjugar seguridad, derechos y participación ciudadana en un solo acto: el sufragio.
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