La tensión política en Ecuador se agudiza tras la advertencia emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre un presunto atentado terrorista en contra del presidente Daniel Noboa. La alerta, difundida oficialmente este 18 de abril, fue rápidamente desestimada por el expresidente Rafael Correa, quien la calificó como una “estrategia” para encubrir lo que ha denominado como un “megafraude” electoral.
“El mensaje militar es una caja china para desviar la atención del fraude del domingo pasado”, señaló Correa a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). El exmandatario, asilado en Bélgica y líder del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), sugirió que el gobierno estaría replicando la táctica retratada en la película mexicana La dictadura perfecta, donde se utiliza una crisis fabricada para distraer a la opinión pública.
Junto a estas declaraciones, Correa replicó mensajes de sus simpatizantes que comparten su visión de que el país estaría siendo manipulado mediante una narrativa de amenazas inexistentes para ocultar irregularidades en los comicios del 13 de abril, en los que Luisa González, su candidata, no logró imponerse en la segunda vuelta presidencial.
González denuncia lista negra y retenciones arbitrarias
La propia González, presidenta de RC y excandidata presidencial por la alianza RC–RETO, también recurrió a X para denunciar un presunto inicio de persecución política tras los resultados electorales. Asegura que sus denuncias sobre el supuesto fraude han generado represalias, entre ellas la creación de una “lista negra” que habría sido enviada a las autoridades migratorias.
“Retuvieron a uno de los consultores de mi campaña, Daniel Ivoskus, y pretendieron requisar su teléfono y computadora. Solo la intervención de observadores internacionales evitó el abuso”, declaró. También mencionó un caso similar con Diego Borja, su binomio vicepresidencial, e insistió en que próximamente presentarán pruebas del fraude ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Gobierno habla de alerta máxima
Mientras tanto, el Gobierno de Noboa sostiene que el país enfrenta una amenaza real. En un comunicado oficial, el Ministerio de Gobierno advirtió sobre “intentos de atentar contra la vida del presidente y miembros del gabinete”, en lo que sería un plan para desestabilizar el orden democrático. Según el boletín, “el Estado se encuentra en alerta máxima”, con todos los protocolos de seguridad activados y una estrecha coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
El documento cita un informe del Comando Conjunto que alertaría sobre el presunto traslado de sicarios desde México y otros países hacia territorio ecuatoriano, con el objetivo de perpetrar atentados contra el jefe de Estado, infraestructura crítica y entidades financieras.
Expertos llaman a la prudencia
Analistas políticos y constitucionalistas consultados por distintos medios han hecho un llamado a la mesura. Señalan que, de comprobarse la existencia de amenazas contra el presidente, es deber del Estado actuar con firmeza. No obstante, advierten que la instrumentalización de la seguridad nacional con fines políticos podría profundizar la polarización y erosionar aún más la confianza pública en las instituciones democráticas.
Mientras tanto, el país sigue en vilo. La ciudadanía espera claridad sobre dos cuestiones cruciales: la veracidad de las amenazas denunciadas por el Gobierno y la existencia —o no— de anomalías en un proceso electoral que sigue bajo el escrutinio de la opinión pública y organismos internacionales.
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