En un intento por modernizar uno de los regímenes laborales más antiguos del país, el Ministerio del Trabajo prevé presentar a finales de abril una propuesta de reforma a la jubilación patronal, vigente desde hace más de 85 años. La medida busca replantear un beneficio que, aunque protegido por el Código del Trabajo, hoy solo alcanza al 4 % de los trabajadores en el país, según cifras oficiales.
La iniciativa, anunciada por la ministra Ivonne Núñez, contempla la creación de un fondo conjunto entre empleador y trabajador que se canalizaría a través de un fideicomiso, permitiendo que los aportes se acumulen sin importar la permanencia del trabajador en una misma empresa. La propuesta, aún sin detalles concretos, ha generado reacciones encontradas entre sindicatos, juristas y expertos en política laboral.
Un beneficio que el tiempo ha dejado atrás
La jubilación patronal, establecida en 1938, garantiza un ingreso vitalicio proporcional a los trabajadores que hayan prestado servicios por al menos 25 años a un mismo empleador, de forma continua o interrumpida. En 1991, una reforma amplió el derecho a quienes, tras cumplir entre 20 y 25 años, fueron despedidos intempestivamente. No obstante, en la práctica, esta figura ha ido perdiendo terreno.
“En el sector privado, el acceso a este beneficio es casi nulo”, explica Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP). “Muchos empleadores optan por desvincular al personal antes de los 20 años, lo cual les evita asumir la obligación”.
La propuesta de reforma fue discutida dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), como una respuesta a estas prácticas. Se plantea evitar que los empleadores continúen utilizando despidos estratégicos para eludir el pago de la jubilación patronal, a la vez que se garantiza un esquema de ahorro a largo plazo para los trabajadores, en sintonía con el principio de jubilación universal.
¿Reforma o ahorro individual?
Pese a las intenciones del Ministerio, la presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), Marcela Arellano, advierte que la propuesta no ha sido socializada en su totalidad y que, en su forma actual, se aleja del espíritu de la jubilación patronal.
“Si los trabajadores deben aportar al fondo, ya no se puede hablar de jubilación patronal, sino de un ahorro individual que recae sobre el propio trabajador”, sostiene.
En 2021, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ya había presentado un proyecto de reforma al Código del Trabajo, en el que proponía un fondo exclusivo financiado únicamente por el empleador, equivalente al 10 % de la remuneración mensual, administrado por el IESS. El objetivo: proteger a los trabajadores ante la creciente inestabilidad laboral.
Arellano insiste en que, en un contexto donde la mayoría de los empleos son precarios o temporales, se debe buscar una solución estructural que no desplace la responsabilidad económica hacia los empleados.
El debate jurídico y económico
Desde el ámbito legal, las opiniones también están divididas. Para el abogado laboral Carlos Barrionuevo, la jubilación patronal perdió vigencia hace décadas y su existencia representa hoy un obstáculo para el crecimiento del empleo formal.
“La figura fue creada para trabajadores que no tenían acceso al sistema de seguridad social. Esa realidad ya no existe. Reformarla implica nuevos costos para el empleador y podría desincentivar la contratación”, afirma.
Barrionuevo sostiene que la intención de corregir prácticas abusivas, como despidos antes de los 20 años, puede generar consecuencias no previstas: “lo que no se ve es que, ante este nuevo esquema, las empresas podrían evitar contratar personal que implique una carga futura mayor”.
Citando al economista Frédéric Bastiat, Barrionuevo concluye que en materia económica no basta con ver el efecto inmediato de una medida, sino también sus consecuencias invisibles a largo plazo.
Expectativas y desafíos
El debate aún está en construcción. Dos miembros del Consejo Nacional del Trabajo han confirmado que la reforma fue discutida, aunque difieren en si existió una propuesta concreta o solo un planteamiento general. Coinciden, eso sí, en que cualquier proyecto debe ser primero revisado en el Consejo antes de ser enviado a la Asamblea Nacional.
Por ahora, los detalles clave permanecen sin respuesta: ¿quién administrará el fondo?, ¿cuál será el porcentaje de aporte?, ¿qué ocurrirá con los trabajadores que ya están próximos a cumplir los 20 años de servicio?
La ministra Núñez ha señalado que el objetivo no es eliminar el beneficio, sino hacerlo más justo, sostenible y accesible. Pero cualquier cambio en esta materia tocará fibras sensibles de un sistema laboral que sigue arrastrando tensiones históricas entre derechos laborales, sostenibilidad financiera y fomento al empleo.
La propuesta oficial deberá esclarecer si busca una verdadera reforma estructural, o si terminará por desplazar hacia los trabajadores una responsabilidad que, históricamente, ha recaído sobre el empleador. La discusión, sin duda, apenas comienza.
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