El presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una decisión estratégica crucial para el futuro de su Gobierno: aprovechar una eventual mayoría absoluta en la Asamblea Nacional o convocar una Asamblea Constituyente. Ambas vías ofrecen caminos distintos para concretar su ambiciosa agenda de reformas en seguridad, justicia y economía, pero implican distintos tiempos, costos y riesgos políticos.
Según expertos constitucionalistas, el escenario parlamentario actual podría permitir al Ejecutivo avanzar con buena parte de su programa mediante reformas legales, sin necesidad de modificar la Carta Magna. Esto colocaría al oficialismo en una posición de ventaja, capaz de implementar transformaciones con mayor rapidez y menor confrontación institucional.
Reformas con mayoría legislativa: un camino viable y menos riesgoso
Edison Guarango, abogado constitucionalista, señaló que Noboa podría asegurar una mayoría absoluta mediante alianzas estratégicas con otras bancadas. Este respaldo facilitaría la aprobación de leyes ordinarias y orgánicas, y acercaría al oficialismo a la mayoría calificada requerida para tramitar enmiendas constitucionales desde la Asamblea.
“La coordinación entre Ejecutivo y Legislativo sería más fluida, similar a lo vivido durante el gobierno de Rafael Correa, cuando se alcanzó una capacidad legislativa significativa sin necesidad de cambiar la Constitución”, explicó Guarango.
La vía legislativa permitiría al Gobierno avanzar con reformas en materia de seguridad pública, administración de justicia y gestión económica, sin alterar el marco constitucional. Hernán Acevedo, catedrático de la UIDE, resaltó que las leyes orgánicas tienen un alto rango jurídico y pueden generar transformaciones profundas sin requerir referéndum.
El costo político de una Constituyente: entre la incertidumbre y el desgaste
La opción de convocar una Asamblea Constituyente, planteada públicamente por Noboa, implica mayores riesgos políticos. Requiere de una cadena de procedimientos legales: dictamen favorable de la Corte Constitucional, referéndum aprobatorio, elección de los constituyentes y redacción del nuevo texto.
Acevedo advirtió que no hay garantías de que el oficialismo obtenga la mayoría en una eventual Constituyente, lo que podría derivar en bloqueos, polarización e incluso un texto rechazado por la ciudadanía, como ocurrió en Chile en 2023 con la propuesta impulsada por el presidente Gabriel Boric.
Además, una Constituyente implicaría un gasto estimado de hasta USD 200 millones y podría extenderse por más de dos años. Guarango subrayó que, en contraste, las reformas parciales ya han sido tramitadas por la Asamblea en menos de un año, permitiendo cambios relevantes sin reemplazar el texto constitucional completo.
Enmiendas y reformas parciales: opciones intermedias
Las reformas parciales, según ambos expertos, permiten modificar casi toda la Constitución —salvo derechos y garantías fundamentales— y requieren referéndum. Aunque más complejas que las leyes orgánicas, son menos costosas y lentas que una Constituyente. Acevedo recordó que la Corte Constitucional ha definido recientemente qué tipo de cambios deben canalizarse por esta vía.
Por su parte, las enmiendas constitucionales permiten ajustes puntuales que pueden tramitarse desde la Asamblea con mayoría calificada, sin referéndum. “Este mecanismo es más rápido y menos oneroso”, destacó Acevedo.
Sin hoja de ruta clara, la propuesta constituyente genera dudas
Esteban Ron, decano de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, advirtió que el Gobierno aún no ha presentado una hoja de ruta clara sobre cómo avanzaría la Asamblea Constituyente. Aunque Noboa ha mencionado una “Constituyente exprés” en entrevistas, no ha detallado su duración, los métodos de elección de los constituyentes ni los temas específicos a tratar.
Ron recordó que todo proceso constituyente debe pasar por una secuencia de actos formales: decreto presidencial, revisión constitucional y convocatoria a consulta popular. También advirtió que existen cláusulas pétreas en la Constitución que no pueden ser modificadas, ni siquiera por una Asamblea Constituyente, como la progresividad de derechos o la autonomía de funciones del Estado.
“La experiencia demuestra que este tipo de procesos requiere planificación, tiempo y apertura al debate público. No se puede improvisar”, concluyó.
Por ahora, el Gobierno de Noboa evalúa sus opciones, midiendo cuidadosamente el capital político, los riesgos institucionales y la viabilidad jurídica de cada camino. En juego está no solo su agenda de reformas, sino también la estabilidad política de su mandato y la legitimidad del modelo de gobernabilidad que elija construir.
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